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El ente de control dijo que hay riesgos técnicos y económicos en la Resolución sobre financiación de Vivienda de Interés Rural
La Contraloría General de la República advirtió riesgos en una resolución del Ministerio de Agricultura sobre financiación de Vivienda de Interés Rural, que compromete $50.653 millones del patrimonio público.
El ente de control le envió la advertencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural por los “riesgos técnicos y económicos” que implica la Resolución 490 de 2023.
La entidad aseguró que en caso de materializarse lo dictado por la normativa “generaría una alta posibilidad de afectación al erario”. Dice que la resolución destina subsidios que ya fueron otorgados a algunos beneficiarios, ya reconocidos por el Estado, a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural. Esto llevaría a una ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.
"Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio", dijo la Contraloría General.
En cuanto al riesgo patrimonial, el ente de control señaló que la mencionada resolución del Ministerio de Agricultura "establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las 5 Gerencias Integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la Ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones".
Además, dice que el acto administrativo se expidió sin respaldo presupuestal previo y no determina la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica. Dicha unidad de caja tampoco está contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, lo que también configura un riesgo jurídico.
Otro de los riesgos financieros de la resolución está en que determina realizar desembolsos por $54.652 millones por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario. El ente de control añadió que esos recursos que promete la resolución no están disponibles, ya que solo cuenta con $10.000 millones del Presupuesto General de la Nación.
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