Contraloría advirtió que tras caída de la tributaria se deben imponer ajustes fiscales

Por medio de un comunicado, la Contraloría General de la República subrayó la importancia de ejecutar de manera eficiente el presupuesto público para fortalecer la economía y generar beneficios directos para la sociedad.

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Luego de que no se aprobara la reforma tributaria, incitó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para asegurar el uso adecuado de los recursos asignados y afrontar los desafíos fiscales.

Manifestaron que desde el inicio de la programación y ejecución del presupuesto para la vigencia de 2024, se han presentado varios contratiempos. Uno de los primeros problemas fue la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin cumplir con los requisitos legales. Lo que llevó a la congelación de recursos por un total de $36 billones.

En cuanto al comportamiento de los ingresos, los datos preliminares de noviembre de 2024, proporcionados por el Sistema Integrado de Información Financiera, Siif, indican un recaudo total neto de $369,74 billones, cifra inferior en 0,3% a la registrada en el mismo periodo de 2023. Manifestaron que en ingresos tributarios se han recaudado $227,41 billones, lo que representa 72% del objetivo proyectado de $315,86 billones. La contracción de los ingresos tributarios se debe, en gran medida, a la reducción de 18% en el impuesto de renta y a una disminución de $2,29 billones en los impuestos externos.

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La Contraloría expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto de 2024, que hasta noviembre alcanza solo 71,1%. Este nivel de ejecución es el más bajo de los últimos cinco años, similar al de 2020, en plena pandemia.

Si bien se han cumplido compromisos clave, como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y los gastos de funcionamiento ($233,67 billones), la inversión ha sido limitada, con solo $44,83 billones de los $100,06 billones asignados. Esta baja ejecución podría resultar en que una parte significativa de los recursos no se utilice para los proyectos y programas previstos.

Según las cifras disponibles a noviembre, las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones, lo que refleja recursos no comprometidos que podrían no ser utilizados para los fines originalmente planteados.