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Los ministerios de Comercio, Ambiente, Transporte, y Minas y Energía tendrán hasta esta semana para definir las medidas para atender la crisis ecológica en la bahía de Santa Marta.
La Contraloría General de la República envió un control de advertencia a las autoridades, entre las que también están la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Superintendencia General de Puertos y Transporte, y la Dimar, entre otras, con el propósito de que gestionen una solución definitiva para los problemas de la bahía.
De acuerdo con el ente de control, en esta zona confluyen varias fallas de contaminación, no solo por el cargue directo y transporte de carbón por el que se sancionó a Drummond, sino también por la operación del Emisario Submarino, los residuos sólidos y los sedimentos que se tiran al mar Caribe por el río Manzanares. Así mismo, afecta la construcción de la Marina y el funcionamiento del relleno sanitario Palangana y Botadero Veracruz.
La contralora Sandra Morelli manifestó que el problema es que ni siquiera se ha estimado el costo de resarcir el daño y lo que se ha presentado es un problema sistémico, pues se otorgaron licencias para varias actividades, sin tener en cuenta que el impacto es acumulativo, y no solo como si fueran individuales.
Según el documento, “deberán ser las autoridades destinatarias de la presente función de advertencia las que deberán estimar el daño causado y la reparación de este por parte de cada uno de los causantes”, no solo de los que ya fueron identificados, sino de los que se podrían haber incluido indirectamente.
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