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El ente de control comentó que se deben realizar ajustes en la distribución de los recursos para una mayor eficiencia en la entrega
La Contraloría General emitió su concepto frente a la deuda del Gobierno con el pago de los subsidios para el sector de energía eléctrica y gas. El ente de control comentó que se deben realizar ajustes en la distribución de los recursos para una mayor eficiencia en la entrega.
La propuesta incluye abandonar el modelo de estratificación, que no asegura la asignación de recursos e implementar un Registro Universal de Ingresos administrado por el DNP.
“La apropiación de recursos para pagar a las empresas de energía y gas los subsidios pendientes desde 2024 debe ser anual y ante todo oportuna”, señaló Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.
Paralelo a la propuesta del ente de control, agremiaciones de energía eléctrica como Asocodis, destacaron que de $7,4 billones de deuda de las distribuidoras hasta febrero, $2,7 billones corresponden exclusivamente a subsidios.
Mientras que Gasnova, gremio de las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo, comentó que la deuda hasta marzo asciende a $59.000 millones, de los cuales $32.000 millones corresponden al último trimestre de 2024 y otros meses atrasados con saldos desde marzo y $27.000 millones del primer trimestre de este año.
El gremio destaca que el no pago de los subsidios afecta a los estratos uno y dos de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca, Amazonas, Nariño y San Andrés y Providencia. Además, el hecho de no poder acceder al GLP podría representar el regreso al uso de la leña, perjudicial para el sistema respiratorio.
“Es muy preocupante la demora del gobierno en hacer los reembolsos, es la primera vez que hay retrasos de esta magnitud. Usualmente se demoraban entre dos o tres meses. Hoy llevamos seis meses, y es una situación que se está dando desde el año pasado”, dijo Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova.
La Contraloría resaltó que en los últimos 10 años hizo 20 auditorías en las que hubo hallazgos de presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190.000 millones asociados a la gestión de los subsidios.
También recomendó ajustes en pro de que se mejore la entrega de subsidios , entre ellas que se incorpore el principio de sostenibilidad fiscal del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, Fssri; la verificación del destino de los recursos mediante solicitudes de información y visita, así como la reactivación de las auditorías a los agentes involucrados por parte del Ministerio de Minas y Energía; la medición y alineación de los resultados el esquema de subsidios con señales de eficiencia energética
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