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El proceso de investigación, según explicó el contralor Carlos Felipe Córdoba, se dio tras aceptar la solicitud de varias veedurías.
La Contraloría General de la República inició un control excepcional al proyecto Hidroituango, con el objetivo de determinar las responsabilidades en posibles irregularidades de la hidroeléctrica desde el proceso de planeación para la construcción de la represa, los sobrecostos que se han generado, así como las pérdidas que ha producido la crisis que afronta y las emergencias ambientales y sociales que se han generado con la misma.
El proceso de investigación, según explicó el contralor Carlos Felipe Córdoba, se dio tras aceptar la solicitud de varias veedurías que pedían examinar la situación de Hidroituango y agregó que en menos de cinco meses habría una primera información sobre los hallazgos del ente de control.
“Equipos interinstitucionales de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía avanzan en recabar, de manera conjunta, el material probatorio sobre el proyecto Hidroituango, para luego proceder en lo de su competencia”, apuntó Córdoba, quien resaltó que quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta, tendrán que responder por estas.
A su turno, el vicecontralor Ricardo Rodríguez resaltó que los elementos a revisar en profundidad son la constitución de EMP Ituango, con el objetivo de acceder a los beneficios tributarios de zona franca, para el proyecto de construcción, “a sabiendas de las pocas posibilidades de éxito de hacerlo, como efectivamente ocurrió, donde eventualmente se cargó esa gestión a los costos del proyecto”.
Así mismo, Rodríguez señaló que se investigará la posible aprobación de obras adicionales, que, en su parecer, han venido siendo cuestionadas técnicamente desde el principio por riesgos de derrumbes y deslizamientos, que finalmente se concretaron.
Otro elemento son las presuntas irregularidades por la implementación y ejecución del plan de aceleración para adecuarse al nuevo cronograma de obras, ya retrasado, sin autorización previa de la junta directiva, e imputado como costos al proyecto.
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