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Carlos Mario Zuluaga, Vicecontralor en funciones de Contralor General
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El ente de control dice que hay un impacto en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superan 300 Smmlv y van hasta 800 Smmlv
Una alerta de la Contraloría General de la República evidenció que hay riesgos frente a la sostenibilidad del Soat y reveló que hay falta de coordinación entre las entidades responsables como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Adres podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.
Según la Contraloría, "con la implementación del Decreto 2497 de 2022 fueron definidas categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó el 50% del valor de la póliza Soat a los propietarios de vehículos ciclomotores; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal".
Y por esto, se hicieron ajustes a los montos establecidos para los pagos de la cobertura de los servicios de salud prestados a las víctimas de siniestros viales. Los montos van hasta 300 salarios mínimos con cargo a las empresas aseguradoras y entre 300 y 900 salarios mínimos con cargo a la Adres para las categorías de vehículos que son del rango diferencial por riesgo.
En las afectaciones, la Contraloría dice que hay un impacto en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superan 300 Smmlv y van hasta 800 Smmlv, "que implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones; de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia".
Y en esta línea, al no lograr el aumento de aseguradoras con la póliza Soat y la reducción de la tarifa se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los recursos que administra la Adres del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Fonsat, que están destinados para pagos de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado, según indica la Contraloría.
El ente de control también resalta que hay falta de claridad en los procedimientos y alistamiento institucional oportuno para implementar el Decreto 2497 de 2022, "lo que ha ocasionado represamiento en
los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores".
Además, la Contraloría dice que las conclusiones del análisis tpecnico que fue presentado en diciembre de 2022 por la Ansv y la SuperTransporte ante el Ministerio de Salud son equívocas, "puesto que la aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de
siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del Soat y, por lo tanto, reducir la evasión".
El ente de control Frente al incremento en la siniestralidad vial, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a septiembre de 2023, se registraron 6.151 víctimas fatales, un 2,72% mayor frente al año anterior, y especialmente en el caso del usuario de motocicleta, en donde se aumentaron las víctimas fatales en 288 personas, con un 8,15% superior respecto al mismo periodo.
Para la Contraloría esta situación debe ser de la mayor relevancia, y ser priorizada en la agenda de las intervenciones en salud pública, así como fortalecer la política de prevención de la siniestralidad vial.
“Desde la CGR estaremos vigilantes y realizaremos las advertencias necesarias para promover la transparencia, la eficiencia y la calidad en la atención a las víctimas de eventos de tránsito. Instamos a las entidades competentes a tomar las medidas correspondientes para superar estos desafíos financieros e institucionales, así como garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”, dijo el Contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga.
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