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"Este tipo de convenios ayuda a estimular la gobernabilidad y apoya a cada uno de los entes territoriales, a través de capacitaciones que aumentan desarrollo nacional, teniendo como base la transparencia y el flujo de información para un óptimo control fiscal", indicaron los entes.
El acuerdo, según información de las entidades, busca estimular y apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de control fiscal, transparencia, y anticorrupción. De igual manera, dentro del convenio se establecieron actividades en conjunto que beneficiarían a todos los entes territoriales.
Según el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, “de lo que se trata es visibilizar a nivel territorial el papel que dentro del control fiscal ejerce la Auditoria General de la República en concurso con la Contraloría General y las departamentales. Que pueda haber un diálogo permanente entre la gestión que realizan las administraciones departamentales y las orientaciones que se imparten desde la AGR. Es una manera de descentralizar la gestión de parte de la Auditoria para que tenga mejor y mayor presencia en el territorio.”
Para el auditor general de la República, Felipe Córdoba, “la transparencia de la información de cara al posconflicto es muy importante. Que nosotros sepamos qué pasa con los recursos de la salud, educación, de alimentación, de la infraestructura, y que los contralores del país y el Contralor General tengan esa información en línea y tiempo real para poder saber dónde están esos recursos, sus posibles o presuntas desviaciones y en dado caso celebrar sus buenas ejecuciones por parte de cada uno de los gobernantes”
Según un estudio, el contar con un día menos no generaría un impacto significativo. Para el próximo año habrá 18 festivos en total, pero uno cae un domingo
Al comparar enero a septiembre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, se observa una variación positiva de 7% en las exportaciones lo que significan un incremento de 4,4 millones de toneladas
La entidad manifestó que durante 2024, en promedio 3,9 millones de infantes y adolescentes se vieron afectados por la no prestación del programa