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Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad
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Se declaró inexequible porque el congreso no hizo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad
La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, el cual es dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La Sala Plena declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 con la que se creaba este ministerio, argumentando vicio de trámite en el Congreso.
"El Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”, explicó la Corte Constitucional, señalando que esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución.
Los efectos de la decisión fueron diferidos por dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024, lo que significa que cuando se termine la legislatura 2025-2026, esta Ley dejará de tener efectos, es decir, este ministerio ya no podrá existir.
La Corte razón por la que no se declaró la inexequibilidad con efectos inmediatos es porque implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad, lo cual, en criterio de la Sala Plena, causaría una desarticulación institucional.
"Afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política".
Con este plazo de dos legislaturas, esperan se dará tiempo para que el Congreso, por iniciativa legislativa del Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad cumpliendo las exigencias y requisitos de aprobación que señala la Constitución.
En su defecto, en este periodo, el Gobierno Nacional tendrá tiempo suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y lleve a cabo las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan, "para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad".
En la votación para tomar la decisión, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvo parcialmente y aclaró su voto. Los magistrados Juan Cortés González y Antonio José Lizarazo Ocampo, las magistradas Natalia ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera no aclararon el voto.
Una de las primeras personas en reaccionar a la decisión fue la senadora Paloma Valencia, quien es la autora de la demanda, señalando que de 1,3 billones del presupuesto del ministerio, 900.000 serían destinados a cargos burocráticos.
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