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El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, dijo que la consecuencia de bajar las tarifas sin tener en cuenta un soporte técnico sería una baja calidad en la prestación
Después del anuncio que hizo el presidente, Gustavo Petro, de que asumirá las funciones de control en las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, fueron varios los gremios relacionados a este ejercicio que dejaron ver las dudas y cuestionamientos que tenían frente a cuáles serán los cambios que el mandatario hará y las consecuencias que esto traerá para el país.
De esta forma, y para entender un poco el contexto de la decisión, hay que saber que las tarifas de servicios públicos en Colombia están a cargo de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra) y la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, entidades que establecen, a través de un cálculo y formulas técnicas, el costo de las tarifas de los servicios públicos.
Ahora bien, que Petro haya tomado la decisión de regular estas entidades significa, entre otras cosas, que podrá establecer una tarifa para los servicios públicos de forma autónoma y a su criterio, hecho que, según Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), es muy peligroso y podría significar un retroceso histórico en los servicios públicos del país.
“Es algo muy peligroso en este momento. Estamos tendiendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La CRA y la Creg han funcionado con personas técnicas. Las empresas de servicios públicos son vigiladas y tienen una rentabilidad máxima de 12%, por debajo de la inflación”, explicó Sánchez.
Y es que según el presidenta de Andesco, si la decisión de bajar las tarifas se toma sin tener en cuenta contextos mundiales como la inflación y el desempeño de las empresas de servicios públicos del país, podría significar graves consecuencias para los colombianos, que van desde la deficiencia en el servicio y baja calidad del agua y la energía, hasta dejar a las empresas de servicios públicos sin los recursos a largo plazo para seguir prestando los servicios.
“Tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país y puede terminar afectando a quiénes se pretende beneficiar: las personas de escasos recursos. Esto acabaría un proceso que ha venido funcionando, lo que se evidencia en el aumento que hemos tenido en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios. Sabemos que nos falta por mejorar, pero hemos avanzado mucho más que el resto de Latinoamérica”, dijo Sánchez Ortega.
Por su parte, un ex comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, también expresaron las dudas y preocupación que traería esta decisión, además de enfatizar que se debe respetar la institucionalidad.
Más y mejor distribución de recursos para ayudar a las altas tarifas
El presidente de Andesco dijo que si lo que el Gobierno busca es brindarle ayuda a las personas de estrato bajo, lo que puede hacer es poner y distribuir mejor los recursos. “Sabemos que hay personas que no pueden pagar, para esto los subsidios que otorga el Gobierno se deben focalizar de mejor manera y destinar parte de los recursos que se han recogido con la tributaria para ayudar a estas familias. Además, aquí tenemos subsidios cruzados con los cuales los estratos 5 y 6, industriales y comerciales, ayudan a financiar a los estratos 1, 2 y 3”.
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