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Cada vez que una persona va a la cárcel los colombianos tienen que desembolsar $1.040.000 por mes. En Colombia hay 116.000 internos en 142 cárceles distribuidas en 6 regionales, y aunque el Inpec gasta cerca de $1,4 billones al año, los recursos no se compadecen con lo que realmente se requiere para una sobrepoblación carcelaria del 52%.
Cada persona privada de la libertad -sindicado o condenado- cuesta en solo alimentación $278.583 al mes, una cifra que al año se eleva a $3.343.000 y que se va volviendo insostenible a medida que las cárceles se van llenando.
En promedio, un interno cuesta $12.051.000 al año. Es decir, el doble de un estudiante universitario, en un país donde solo el 36% de quienes terminan el bachillerato acceden a la educación superior.
Pero los costos de la alimentación, quizás, sea lo de menos. Un informe del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), conocido por LR, indica que un recluso le cuesta al Instituto $5.425.000 al año entre cuerpo de custodia y vigilancia.
Las remisiones y traslados, dependiendo la peligrosidad del interno, suman más de $35.000 millones y, por ello, el gobierno está pensando en realizar audiencias virtuales, utilizando las tecnologías de punta que cada día son más sofisticadas y seguras.
A las cárceles, además hay que dotarlas de servicios públicos. El agua, la luz, los enseres y el transporte para remisiones valen, en promedio, $1.305.000 por interno al año, aunque estos suministros son deficientes como lo ha denunciado la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien liderará la modificación al régimen Penitenciario y Carcelario, una de las iniciativas importantes que el gobierno presentará a esta corta legislatura. “Necesitamos un sistema penitenciario sostenible, racionalizado y respetuoso de los derechos de las personas privadas de la libertad”, dijo, tras reconocer que las condiciones de reclusión en muchas de las cárceles tienen que mejorar diametralmente.
Hay otros costos por interno que son representativos a la hora de sumar el total de la población carcelaria, que ya alcanza las 116.000 personas, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.
En aplicaciones tecnológicas -por ejemplo-, como cartillas biográficas, el proyecto de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y fichas técnicas del interno, se aforan $1.114.000 anuales por cada recluso.
Lo cierto es que el presupuesto anual del Inpec supera $1,37 billones al año, pero los recursos son insuficientes para atender la creciente población carcelaria y se requiere adicionar por lo menos $1,5 billones para la construcción de nuevas cárceles, aumento de 20.000 nuevos cupos en las existentes, ampliación de las colonias agrícolas y fortalecimiento de los centros de convivencia ciudadana.
Sin embargo, en el proyecto de Ley que se anuncia para lo que resta de la presente legislatura se le abre espacio a la empresa a través del sistema de Alianzas Público Privadas (APP).
En la construcción de por lo menos 6 megacárceles -que contribuirán a reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios-, las colonias agrícolas y otros proyectos de infraestructura, se trabajará a través del mecanismo de APP.
Sindicados representan 32% de internos
Del total de los 116.000 internos en el país, 38.198 son sindicados, es decir personas privadas de la libertad pero que no están condenadas. Según conoció LR, el gobierno está pensando en varias soluciones para los altos costos que representa esta población. La principal es hacer aplicar los términos de la Ley 65 de 1993, según la cual las entidades territoriales deben hacerse cargo de la población sindicada, responsabilidad que a lo largo de los años ha venido asumiendo el Inpec.
La opinión
Gustavo Adolfo Ricaurte
Director del Inpec
“Mantener un interno le cuesta al Inpec más de $12 millones al año, incluyendo la dieta diaria, los servicios públicos, la seguridad y vigilancia y los traslados a audiencias entre otros gastos”.
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