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Dentro de las propuestas del articulado, que tiene como objetivo proteger al comprador de vivienda, se encuentran la creación de un régimen de inhabilidad e incompatabilidades para los curadores y otro de supervisión y vigilancia de su actividad.
La normativa especifica que en la actualidad existen unos 70 funcionarios designados para esta labor en el país, 63 en propiedad y siete provisionales.
“Generamos todo un concurso nacional para que no haya más politiquería en las Curadurías, no queremos mas funcionarios encargados que no llevan los procesos con la debida diligencia”, aseguró el titular de la cartera, destacando que de esta forma se garantiza que las viviendas sean seguras y se protejan los intereses de los colombianos.
Según el Dane, de los 24 millones de metros cuadrados que se construyen cada año, 80% corresponden a vivienda, es así que 194.000 unidades residenciales se registran anualmente, 52% de ellas como interés social.
El segundo capítulo de la propuesta además determina la obligación de amparar los prejuicios patrimoniales del constructor, quien deberá asumir la pérdida del comprador en caso de que su vivienda nueva perezca o colapse, dentro de los 10 años siguientes a la entrega, como consecuencia de las deficiencias en el proceso constructivo, del suelo, de los materiales o de los diseños.
Para prevenir tales situaciones se reglamenta la revisión de diseños y supervisión técnica como responsabilidad de un actor independiente “para que no sea el mismo constructor quien avale las obras”, resaltó Henao.
Quien haga esa función deberá responder por los diseños y calidad de materiales, por lo tanto para ejercer como tal se le exigirá cumplir unos requisitos mínimos, entre los que están tener cinco años de experiencia y pasar un examen donde certifique sus conocimientos
“Ojalá el Congreso de la República pudiera sacar adelante el proyecto de vivienda segura para que no vuelva a pasar lo del Space, ya con la radicación de ponencia positiva es un avance muy importante para votar el 16 de marzo y convertirlo en ley este semestre, esto va a permitir que no vuelva a pasar lo de Medellín y que se deje sin garantía a los compradores”, destacó Henao.
Por su parte, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, explicó que de aprobarse la misiva el ente de control tendría unos ajustes en materia presupuestal para la creación de una unidad delegada.
“Sería un equipo de unas 30 personas, no tan grande como los que están frente a temas notariales o registrales con los cuales ganamos experiencia suficiente para la nueva labor”, dijo.
Control a las escrituras
La principal responsabilidad de quien haga las veces de supervisor, según el proyecto de ley para viviendas seguras, es que debe emitir bajo gravedad de juramento y una vez concluidas las obras, una certificación técnica de ocupación donde garantiza que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el reglamento colombiano. Sin ese documento la Superintendencia no podrá permitir a los compradores firmar las escrituras públicas, pues en adelante harán parte del protocolo.
Las opiniones
Jorge Enrique Vélez
Superintendente de Notariado y Registro
“Fue acertado que el Gobierno y el Congreso nos consideraran para la labor pues manejamos todos los trámites de propiedad de principio a fin, lo que permite mayor control y seguridad”.
Luis Felipe Henao
Ministro de Vivienda
“Ojalá el Congreso pueda sacar el proyecto adelante para que no vuelva a pasar lo de Medellín, donde se dejó sin garantías a los compradores de las viviendas”.
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