“Las empresas están cobrando cosas que no justifican a usuarios de servicios públicos”

El sector de servicios públicos está ad portas de protagonizar las discusiones de la opinión pública, ya que desde menos de un mes iniciará la discusión sobre la reforma al sector, otra de las promesas de campaña y banderas del Gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el texto todavía está en construcción, los actores del sistema ya dejan pinceladas de lo que debería contener. A propósito, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, aseguró que el proyecto debe poner al usuario como centro de la discusión.

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Según había adelantado el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, este proyecto contaría con 50 artículos y se presentará el próximo 20 de julio, cuando el Congreso reinicie sus actividades.

¿Qué balance entrega de su gestión?

Recibo una Superintendencia que en principio tomó el concepto de que parecía más una comisión de reclamos porque se dedicaba en su gran porcentaje a hacer reclamos y hemos estado tratando de cambiar esa concepción para que el ejercicio de la vigilancia sea más proactivo.

Hay problemas que son de causas que se pueden arreglar en una reclamación, hay otras que son estructurales. Para mí, los problemas de los servicios públicos en Colombia son estructurales.

¿Qué situaciones le preocupan al respecto?

Hay una serie de situaciones que además, hoy en día, de frente con al plan de desarrollo implica más cambios, cambio de modelos. Todos los servicios públicos son contaminantes y todos están en un proceso de transición de su operación.

¿Y por eso se busca la reforma a los servicios públicos?

A mí me parece que el proyecto de reforma a los servicios públicos tiene que tener en cuenta las realidades de cada sector.

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Y entonces tiene que hacerse una normatividad que adecue esa regla al nuevo modelo de prestación de esos servicios, a la utilización de las energías limpias, a la democratización de los servicios.Creemos que hay que regular los servicios pensando en la crisis climática.

El sistema tarifario debe partir de tres elementos: el costo, el principio de solidaridad y la redistribución.

¿Cuándo entra el proceso de la opción tarifaria?

Pronto, aunque las regulaciones en los servicios públicos son muy lentas. La reforma al sector tiene que empezar por volver ágil los servicios y al proceso de la regulación, la cual no puede ser solamente pensando en los prestadores de servicios, sino también en los usuarios.

¿Qué han encontrado en su vigilancia al sector?

He visto que muchas empresas prestadoras de servicios públicos están incurriendo en malas prácticas. Están cobrándole a los usuarios por encima de lo que le deberían cobrar. Están cobrándole inversiones y no hacen esas inversiones.

Están cobrándole el trasteo, en el caso del aseo, de la basura que transportan o los residuos que transportan hacia los rellenos.

Están cobrando muchas cosas que no deberían cargarse a los usuarios. No son todas las empresas, pero lo que estamos buscando es que las firmas tienen que comprometerse a una prestación de los servicios públicos de forma transparente.

¿Qué debe pasar entonces?

Si no nos comprometemos todos con la transparencia, pues va a ser casi difícil lograr una solución concertada entre todos los actores. Creo que tenemos que llegar a acuerdos con los prestadores de los servicios y buscar ese equilibrio entre la rentabilidad y las tarifas que le cobran a los usuarios.

20 de julio es la fecha de inicio de la próxima legislatura, donde se radicará la reforma a los servicios públicos.