"Darle 20% del presupuesto de inversión al Congreso atenta contra la salud fiscal": Carrasquilla

El proyecto de reforma constitucional que avanza en el Legislativo le podría dar en tan solo unas semanas a los 279 parlamentarios que ocupan los asientos del Congreso la facultad de controlar cada año hasta 20% del rubro de inversión del Presupuesto General de la Nación. La fecha límite para discutir los últimos dos debates en la Comisión I y la Plenaria de Senado será el 16 de junio, fecha en la que terminan las sesiones ordinarias.

Este golpe al Gobierno y, en concreto, al ministerio de Hacienda de Alberto Carrasquilla, que ya se conoce como ‘mermelada 2.0’, permitiría que los parlamentarios pudieran meter mano a unos $46,8 billones de recursos de inversión del total de $259 billones que tiene el Presupuesto para este 2019.

De este modo, cada uno de ellos podría viabilizar proyectos para las regiones hasta por un monto de $33.500 millones. En concreto, esta iniciativa que busca modificar el artículo 351 de la Constitución, faculta para trasladar dineros entre las partidas de gastos presupuestales, aumentar o disminuir las mismas o incluir nuevas a través de proposiciones que los congresistas harían públicas. Al contrario, hoy en día la última palabra de estos recursos la tiene siempre el ministro Carrasquilla.

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La República habló con el ministro Alberto Carrasquilla, quien aseguró que esta iniciativa atentaría contra la sostenibilidad fiscal e iría en contravía del principio constitucional de separación de poderes. Además, el representante de la cartera de Hacienda también aplaudió las buenas noticias en materia de competitividad y habló de las recientes revisiones de perspectiva de Colombia.

¿Cuál es su posición frente a la iniciativa de que el Congreso decida 20% del presupuesto de inversión?
Somos muy respetuosos del debate parlamentario. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con esta iniciativa, que va en contravía del espíritu de la Séptima Papeleta y del mandato de la Constitución del 91, según el cual el Ejecutivo es el que propone el Presupuesto Nacional de la Nación.

Eso no significa que el Congreso no pueda incidir en los rubros del presupuesto porque la definición de este es un proceso democrático en el cual ellos tienen una participación significativa. Nuestro sistema presupuestal, ejemplo a nivel internacional por su planificación, es supremamente ordenado, y pasa por una discusión a fondo antes de los debates donde los congresistas plantean iniciativas de gasto que el Gobierno revisa, siempre garantizando que se cumpla con lo establecido por la Ley.

¿Qué consecuencias podría tener la aprobación de esta iniciativa para el país?
Atentaría contra la sostenibilidad y salud fiscal del país, en cuanto a que todos los presupuestos se construyen con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Plurianual de Inversiones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).

Incluso, la operatividad de llevar a cabo esa iniciativa es extremadamente complicada, pues Colombia tiene una gran ventaja sobre otros países dado que su sistema presupuestal es supremamente ordenado como lo mencioné, y no tendría sentido atomizar el presupuesto.

Creemos que otorgar estas funciones al Congreso atenta contra el principio constitucional de separación de poderes. Además, si el Congreso queda en libertad de realizar modificaciones al Presupuesto General de la Nación estaríamos ante la aprobación de partidas indeterminadas, lo cual atentaría con el principio constitucional de planeación y legalidad del gasto.

¿Qué factores llevaron a Colombia a escalar seis posiciones en materia de competitividad?
Esto es fruto de varias de las medidas incluidas en la Ley de Financiamiento y otras que han sido de vital importancia para llegar a ser el tercer país latinoamericano más competitivo y el que más aumentó en esta medición, como el trabajo que se ha realizado desde el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y el programa Estado Simple, Colombia Ágil, para reducir trámites engorrosos y en algunos casos innecesarios.

El Plan Nacional de Desarrollo nos da las herramientas para continuar con esa competitividad en cuanto a que nos permite hacer más eficiente la administración pública y que esto se traduzca en más facilidades para que haya más y mejores emprendimientos.

Una de las categorías que más aumentó el Institute for Management Development fue la eficiencia gubernamental, ¿en qué se ha trabajado en ese sentido desde el ministerio?
Desde el principio nos comprometimos con hacer más eficiente el gasto público, focalizándolo mejor y haciendo un esfuerzo importante para revisar cada uno de los ítems presupuestales estatales para saber qué se puede recortar o qué se puede suprimir. El Plan Nacional de Desarrollo, recientemente aprobado por el Congreso, hará más eficiente el gasto, por ejemplo, a través de fusionar y suprimir entidades que cumplen similares actividades, al tiempo que genera herramientas para hacer más eficientes los procesos del Estado.

¿Existen riesgos en la consolidación fiscal del país como aseguró la calificadora Fitch?
Me gustaría poner en perspectiva los resultados de las evaluaciones de las calificadoras. En términos generales los cuatro reportes que recibimos afirman una calificación BBB. En este sentido el cambio particular en la perspectiva de Fitch no debería tener ningún efecto sobre la economía.

Estamos trabajando para fortalecer nuestra política fiscal, ver un aumento en el recaudo, lograr que los gastos disminuyan, cumplir los déficits y estabilizar la deuda. Para nosotros hay que destacar hechos concretos como que Colombia es el país con grado de inversión que más creció (2,8%) de la región durante el primer trimestre del año, superando a Chile (1,6%), México (1,3%) y Perú (2,3%), de acuerdo con la última información disponible.

Y por el contrario, ¿en qué beneficia a la economía el cambio de perspectiva de Moody’s?
Esto es una muy buena noticia porque al subirnos la perspectiva de negativa a estable, nos dan un gran voto de confianza en el marco de las políticas que este Gobierno está implementando en temas de crecimiento, fiscales y de deuda. También se traduce en costos moderados de financiación para el Gobierno, las empresas y los hogares a tasas moderadas y plazos más amplios.

Un ejemplo de esto son las hipotecas: la confianza que Colombia ha ganado por parte de los mercados en los últimos años se traduce en que las hipotecas hayan pasado de cinco a 15 años, en algunos casos, hasta 20 años y en términos de costos genera la ventaja de pasar de tasas variables o indexadas a inflación por tasas fijas.

Opiniones divididas

Por la magnitud de sus posibles consecuencias, la iniciativa de que el Congreso controle 20% del Presupuesto de inversión, a la que solo le quedan dos debates de un total de ocho antes de pasar a sanción presidencial, ha generado en las últimas semanas una gran controversia.

Mientras que sus defensores buscan que los congresistas puedan ayudar a sus regiones con proyectos de inversión sin tener que negociar previamente con el Gobierno, sus detractores critican que este proyecto pondría en peligro los dineros públicos.

De hecho, el principal opositor de este proyecto es el ministerio de Hacienda, el cual hace unas semanas envió una carta a Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, para que archiven la iniciativa.

“Establecer que el Congreso aumente o incluya nuevas partidas sin que se requiera la aceptación del ministro del ramo quiebra el modelo constitucional de poderes previsto en 1991, habida cuenta de que un aumento de las partidas o inclusión de una nueva puede dar lugar al incumplimiento de los programas del Gobierno”, reza la carta que está firmada por el viceministro general de la cartera económica, Juan Alberto Londoño.

Adicionalmente, la misiva alerta de los riesgos que esta idea de carácter constitucional podrían traer para el devenir de la economía. Según esta, no solo daría lugar a un incumplimiento de los programas del Gobierno, sino que podría poner en peligro hasta las finanzas públicas, lo que paradójicamente también es una “exigencia constitucional primaria”.

La gran preocupación de la cartera de Hacienda es que casi todos los congresistas de las diferentes bancadas, incluso, las del Gobierno, apoyan la iniciativa, que en su último debate se aprobó con 116 votos a favor frente a ocho en contra.

Entre las únicas voces que han mostrado su inconformismo destaca la del representante por Bogotá del Centro Democrático, Gabriel Santos, quien aseguró que tomar decisiones presupuestales sin necesidad de tener aval del Gobierno normalizaría la denominada ‘mermelada’.

“Mezclar dinero del Presupuesto con el voto de los congresistas es absolutamente nefasto para las políticas públicas del país. ¿Cómo se va a decidir quién lleva a qué región o por qué hacer un proyecto en un lado donde los congresistas han sacado votos y no en otro? Esta es la forma de normalizar algo que está mal hecho”, aseveró.

Por su parte, los partidarios de esta propuesta manifiestan que esta es la oportunidad para potenciar el desarrollo de las regiones a través de la realización de proyectos que realmente necesitan y que además conocen de cerca os propios congresistas que han sido elegidos de manera democrática.

“Se podría ayudar a las necesidades puntuales de las regiones. Los congresistas solo serán proponentes de los proyectos de inversión de sus territorios que serán sometidos a la evaluación y viabilidad que haga el DNP con la advertencia de que no podrán participar en el proceso de contratación de dicho proyecto”, indicó el representante César Lorduy.