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Presupuesto de los departamentos sin la Ley de Financiamiento
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Según el DPN habrá recortes en áreas clave como educación, salud, agua y saneamiento básico, cultura, deporte, medio ambiente, vivienda, agricultura, infraestructura y vías
La reciente caída de la Ley de Financiamiento ha tenido un profundo impacto en las finanzas del país, no solo a nivel nacional, sino también en las regiones. Según declaraciones de Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación, la falta de esta ley implica una pérdida significativa en los recursos destinados a la inversión social en todos los departamentos del país para el año 2025.
El presupuesto de inversión regionalizado de los 32 departamentos de Colombia revela el efecto de esta situación, reflejando recortes en áreas clave como educación, salud, agua y saneamiento básico, cultura, deporte, medio ambiente, vivienda, agricultura, infraestructura y vías. Estos sectores, según López Maya, son vitales para el bienestar de los ciudadanos, sufrirán grandes afectaciones debido a la falta de estos fondos.
En Amazonas, se estima una pérdida de $77.388 millones, mientras que en Antioquia, el recorte asciende a $564.772 millones. Arauca sufrirá una pérdida de $85.975 millones, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina verá una disminución de $110.960 millones en su presupuesto para 2025. En Atlántico, se registrará una caída de $336.035 millones, y la capital, Bogotá, enfrentará una reducción de $568.742 millones.
Por su parte, Bolívar tendrá una pérdida de $500.193 millones, mientras que Boyacá verá recortados 200.288 millones de pesos. Caldas perderá $110.646 millones, y en Caquetá, el impacto será de $168.820 millones. En Casanare, la pérdida alcanzará los 113.340 millones de pesos, y Cauca sufrirá una disminución de $527.613 millones.
En César, se perderán $264.195 millones, mientras que Chocó enfrentará un recorte de 317.598 millones. Córdoba perderá $329.202 millones, y Cundinamarca, $249.855 millones. Guainía y Guaviare también verán afectadas sus finanzas, con pérdidas de $74.643 millones y $76.171 millones, respectivamente.
Huila se verá afectada por la pérdida de $195.071 millones, y La Guajira sufrirá un recorte de $399.467 millones. En Magdalena, se estiman pérdidas por $286.909 millones, mientras que Meta enfrentará una disminución de $159.755 millones.
Por otro lado, Nariño verá una caída de $469.796 millones, y en Norte de Santander, el recorte será de $263.234 millones. En Putumayo, la pérdida alcanzará los $182.936 millones, y Quindío tendrá un impacto de $76.887 millones.
Risaralda sufrirá una disminución de $92.408 millones, mientras que en Santander, el recorte será de $256.691 millones. En Sucre, se perderán $196.887 millones, y Tolima enfrentará una caída de $196.240 millones. El Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas, perderá $672.442 millones.
Finalmente, en Vaupés y Vichada, las pérdidas serán de $33.852 millones y $82.950 millones, respectivamente.
López Maya explicó que la Ley de Financiamiento era un mecanismo crucial para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos que benefician directamente a la población. Estos recursos son utilizados en áreas tan esenciales como la infraestructura vial, que conecta a las comunidades más alejadas con el resto del país; la salud, que es clave en un contexto de pospandemia; y la educación, vital para mejorar las oportunidades de los colombianos.
El Director del Departamento Nacional de Planeación también destacó que, sin estos fondos, los gobiernos departamentales se verán obligados a recortar aún más sus presupuestos y priorizar solo aquellos proyectos más urgentes, lo que afectará directamente el bienestar de los ciudadanos.
"¿Esto es lo que celebran quienes hundieron la Ley de financiamiento?", finaliza López.
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