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Las reuniones han estado lideradas por la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de su director ejecutivo Amylkar Acosta. La primera de ellas se realizó en Bogotá la semana pasada.
El dirigente gremial explicó que los departamentos están interesados en que el proyecto de ley, que está cursando en el Congreso, no afecte los recaudos del impuesto al consumo. “Estamos en procura de garantizar que se respete el monopolio rentístico”, dijo Acosta.
Según pudo conocer LR, la propuesta que presentarán hoy se sostiene en dos pilares. El primero de ellos, apoya la modificación a los impuestos de este régimen que trae el proyecto de ley que lidera el Gobierno en la Cámara de Representantes.
La idea es dejar a un lado la discriminación que se hace para el cobro, según el grado alcoholimétrico. Para este año, el Ministerio de Hacienda determinó que si la bebida tiene menos de 35 grados de alcohol, debe pagar $306 por cada unidad de 750 c.c. Si tiene más, deberá pagar $502 por cada 750 c.c.
Esta disposición genera critica en los importadores. Luis Guillermo Vélez, vocero de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos (Acodil), consideró que la “Constitución colombiana ordena la expedición de una ley de régimen propio para regular los monopolios rentísticos. No puede operar sin esta ley, el monopolio de licores ha venido funcionando de manera irregular desde hace 25 años”.
Ahora, las licoreras apoyan el propósito del Gobierno de crear un impuesto mixto. El primero de ellos, sería cobrar un único tributo de $200, según el grado alcoholimétrico. Y, a esto, se le sumaría un impuesto ad valorem de 25% sobre el precio que se le vende al público.
Pero, pese a este apoyo, las regiones quieren que se mantenga el monopolio. “Lo entendemos en un sentido amplio: que cubra no solamente la producción, sino también todo lo atinente a la cadena productiva”, explicó Acosta.
Para esto, las licoreras pedirán claridad para que se acepte el principio constitucional de que tienen un derecho de producción y comercialización que ejercen los departamentos. Incluso, en la reunión de la semana pasada, contaron con la opinión de Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional.
El jurista recordó que el artículo 336 de la Constitución admite una excepción a la libertad económica, siempre y cuando tenga una finalidad de interés público. En el caso de los licores, lo que se recauda va destinado a la educación y a la salud de los departamentos.
Esta propuesta se sumará al debate que se dará en la plenaria de la Cámara la próxima semana, tras la queja de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio.
Unión Europea gana apoyos en la OMC
La Unión Europea ya no está sola en su lucha ante la OMC por lo que considera un trato discriminatorio para exportar licores hacia Colombia. Ahora, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Panamá y Canadá, que aseguraron tener intereses en el pleito. Olga Salamanca, consultora senior de Araújo Ibarra y Asociados, explicó que “la OMC permite que otros países que tengan interés en esa problemática puedan participar como terceros y también tienen derecho a presentar documentos y posiciones”. La información que presenten estos países será tenida en cuenta en la decisión.
La opinión
Luis Guillermo Vélez
Vocero de Acodil
“Los TLC no buscan acabar el monopolio de licores. Lo que pasa es que tienen que tener reglas y en Colombia no hay normas de funcionamiento”.
El sistema eléctrico de Colombia es vulnerable a la sequía porque aproximadamente dos tercios de la energía del país provienen de la energía hidroeléctrica
La entidad manifestó que las deudas que se cobrarán a través de medidas de embargo tienen 18 meses de haber sido causadas