Desde su inicio en 2017, se han recaudado $1,6 billones por el impuesto al carbono

Desde la creación del impuesto al carbono en 2016 y el inicio de su pago por parte de compañías emisoras del contaminante en 2017, el recaudo por parte del Gobierno Nacional con este gravamen ya ha llegado a $1,68 billones, según los datos de Asocarbono y la Dian.

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Francisco Ocampo, director ejecutivo de Asocarbono, explicó que según el último reporte a los asociados con corte a junio de 2021, el consumo de toneladas de combustibles líquidos gravados que han pagado el impuesto es de 105 millones de toneladas, mientras que las que han tenido acceso al mecanismo de no causación (que no han sido compensadas) equivalen a 53,2 millones de toneladas.

Lo anterior se traduce en que del total del consumo de combustibles fósiles líquidos gravados, 66,2% ha pagado el impuesto y 33,7% ha aplicado a la no causación.

Atinente a este último mecanismo, un reciente informe de Carbon Market Watch suscitó polémica debido a que afirmaba que las compensaciones de carbono de protección forestal no significarían un beneficio contundente para el clima, sino que se estarían haciendo con miras a evitar el pago de impuestos al carbono establecido en la Ley 1819 de 2016.

El análisis del organismo postuló que es muy probable que se hayan generado millones de créditos de carbono (bonos) sin incidencia positiva en el medio ambiente.

Al respecto, el Ministerio de Ambiente mencionó que la no causación procede cuando los sujetos pasivos certifiquen ser carbono neutro y que el beneficio tributario con bonos se obtiene cuando se cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 926 de 2017, el cual indica condiciones robustas que deben ser acreditadas.

Ante este panorama, Ocampo afirmó que es completamente falso que se dejen de pagar impuestos debido a que, al ser un mecanismo utilizado para promover proyectos que mitiguen emisiones de efecto invernadero, han sido certificados verificados por terceros.

“La verificación se hace sobre la base de metodologías y estándares muy rigurosos en proyectos que han cumplido sus exigencias, y por lo tanto, no se puede decir que se vende aire caliente o que no se están generando beneficios en el ambiente y en las comunidades”, expresó el directivo.

El postulado va en línea con lo indicado por Luis Hernández, investigador del Observatorio Ambiental de la Universidad de los Andes, quien dijo que el impuesto al carbono es una buena iniciativa cuya finalidad es estimular la reducción de CO2 al aplicarse sobre combustible fósiles.

Sin embargo, apuntó que el verdadero problema puede radicar en que “el Gobierno lo utiliza solo con fines de tener recaudo y no está unido a una estrategia fuerte de mitigación de cambio climático y de fuentes alternativas de energía”.

Ernesto Guhl, experto en políticas públicas ambientales, explicó que lo que sí está sucediendo es que los impuestos recaudados no están siendo dirigidos a proyectos ambientales que remplacen la producción con fósiles, sino que han ido a otros fondos.

Así mismo, Carolina Montes, investigadora de la facultad de Derecho de la Universidad Externado, concluyó que estos recursos se están destinado a actividades no ambientales.

La no causación con bonos no es una manera de evadir impuestos

Cabe aclarar que el impuesto al carbono tiene un componente de recaudo por la Dian y otro que es compensado, es decir, que no se paga debido a que los responsables de asumir el impuesto presentan bonos de carbono.

Además, la razón por la cual este tipo de instrumentos se utiliza cada vez más en los objetivos ambientales es que permiten descentralización de la función del Estado de proteger el medio ambiente. Junto a la Mesa interinstitucional del Mercado de Carbono, se sigue buscando la consolidación normativa.