Después de Cumaral... Arbeláez, Pasca y Aguazul

Las posibilidades reales de revertir la situación pasan por aumentar la exploración onshore y  optimizar los recursos ya descubiertos con la implementación de proyectos de mejoramiento del factor de recobro y estimulación de yacimientos en rocas generadoras. El offshore es un proyecto exploratorio que si bien tiene perspectivas positivas, tomará tiempo para su definición y desarrollo. Es decir, estamos ante una inusual circunstancia en la que necesitamos petróleo para alejar la importación, pero nos negamos la posibilidad de realizar proyectos petroleros.

También llega en un momento en que el país entra en año electoral y que si bien está polarizado, le apuesta a la paz, con un objetivo claro de desarrollo regional, como base de la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados con las Farc.

Justo en este panorama Colombia asiste a un fenómeno global de rechazo a la actividad petrolera en el territorio. Pareciera que estos desencuentros son de nuestra esencia, pero la realidad es que existe un marcado ascenso de la autonomía territorial y del fundamentalismo ambiental, producto de la globalización.

Si bien las consultas populares petroleras son un mecanismo válido de expresión popular garantizado por la Constitución, no se pueden convertir en un instrumento que vulnere derechos fundamentales de la población, que aspira a desarrollo regional sostenible y a que este les brinde un futuro mejor, dentro de un sano equilibrio del cuidado ambiental y la actividad petrolera.

El diálogo informado urge para acercar posiciones negativas polarizantes, que no contribuyen a la construcción del país que queremos. No se trata de desconocer derechos de unos u otros. Por el contrario, se trata de garantizar los derechos de todos. Un decreto para armonizar la gestión del territorio es una iniciativa a la que se une Campetrol. Toma tiempo, requiere acuerdo político, pero es una forma de hacer las cosas bien. Sería la posible antesala de una Ley de concertación minera energética, iniciativa que varios sectores tienen en su agenda y que necesita el país.

La pérdida de autosuficiencia implicaría importación de crudo o gasolina y combustibles para cargar las refinerías, con impactos desconocidos por la actual sociedad, que no vivió la década de importación 1975-1985, que costó al país más de US$5.000 millones de la época. Los efectos macroeconómicos para Colombia serían desastrosos.

La expresión de las consultas populares debe mirarse como una oportunidad de orden nacional, que trasciende al sector de hidrocarburos y que como tal debe abordarse con decisión y coherencia, con el liderazgo articulador y la convocatoria del Gobierno y todo el sector de hidrocarburos unido alrededor de la actividad petrolera responsable e incluyente, pero con el claro propósito de escuchar a las regiones y “sembrar consensos en vez de  conflictos”.

Se necesita diálogo y pedagogía regional para mitigar la creciente desinformación interesada. Pedagogía sobre impactos ambientales de la actividad petrolera, pues si bien toda actividad impacta es necesario mostrar el compromiso y alto nivel de manejo responsable y cuidadoso del medio ambiente de parte de una industria muy vigilada, con altos estándares y buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

Después de Cumaral, viene Arbeláez, Pasca y Aguazul. Los plazos son exiguos y aunque surjan soluciones jurídicas, hay que avanzar en diálogo y pedagogía. El reto es la lucha por la gente, con argumentos, debates de altura y la reclamación de los mismos derechos para el No y para el Sí.  Se necesita un plan de acción de corto, mediano y largo plazo. Nos estamos jugando ni más ni menos que el futuro del sector y por esa vía, el futuro del país.