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Entre las consecuencias que traería no replantearse los puntos descritos, se hablaría de "una pérdida considerable de competitividad y, por ende, un rezago en los proyectos futuros de exploración y producción (E&P)"
El martes de la semana pasada Ecopetrol sorprendió al sector petrolero después de solicitar la suspensión, por 90 días, de sus dos proyectos en Puerto Wilches, los cuales tenían prácticas de extracción no convencionales como el fracking. Estas, según el Gobierno de Iván Duque, podría traer consigo un aumento de US$17.000 millones en las exportaciones.
Tres días después, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) reveló un informe que detalla los efectos "nefastos" que tendrían algunos artículos de la reforma tributaria sobre el sector. Ese mismo que para 2022, según Francisco J. Lloreda, director de la entidad, espera aumentar en $24 billones su aporte a las finanzas de la Nación por los precios altos del crudo.
Las peticiones del gremio apuntan principalmente a cinco puntos del articulado. Uno de ellos y quizá el que más polémica ha causado es el de desistir del gravamen a la exportación de petróleo. Este, según la ACP, Se cobraría sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad y además se fijaría a partir de un precio que "no es alto versus los costos de operación, impuestos y gastos financieros de inversiones incurridas en años anteriores".
Entre las consecuencias que traería no replantearse los puntos descritos, se podría hablar de "una pérdida considerable de competitividad y, por ende, un rezago y posible disminución de proyectos futuros de exploración y producción (E&P)".
A su vez, los analistas del gremio esperan que los escenarios vengan acompañados de un dólar en constante aumento que se sitúe sobre unos $300 o $500 adicionales a la tasa a la cual se encuentra hoy y un desempleo mayor. Pues, al desacelerarse el sector, "se impactarían más de 97 municipios y sus casi cinco millones de habitantes".
Sin embargo, académicos como Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirma que este es un impuesto "bien diseñado". En entrevista con LR, la cabeza del Observatorio dijo que el Gobierno no debería ceder ante estas propuestas, pues dicho impuesto le reconoce al país (en épocas de precios alto), lo que le cuesta en otros términos la producción y exploración del crudo.
Otro de los puntos a revisar, según la ACP, es la prohibición de la deducibilidad de las regalías del impuesto a la renta, en el que también hay un 'encontrón' con quienes hablan desde la academia. Pues, desde la Universidad de los Andes, según un documento difundido, el número de personas y empresas que se verían "realmente afectadas" por este artículo "son realmente pocas y quienes más deben aportar".
El cambio en el régimen fiscal de zonas francas para la E&P de gas en el mar; la eliminación de la amortización acelerada para inversiones exploratorias, y la eliminación del Cert, incentivo tributario para mantener inversiones en la E&P en épocas de coyunturas de precios bajos, son los otros puntos que Lloreda pidió en nombre del sector revisar.
Si bien aún no habido una respuesta del Gobierno o de la MinMinas Irene Vélez al respecto, desde el MinHacienda se han mantenido 'firmes' en que la meta de recaudo no va a ceder. Y en palabras de David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, "se van a escuchar todas las propuestas de los gremios, siempre y cuando digan de qué otra parte se van a sacar los recursos que se dejarían de recaudar con sus propuestas".
Pese a las advertencias de los analistas, el proyecto pasó sin mayor oposición en la Comisión Primera de la Cámara, y mantuvo lo acordado en Senado
La medida se venía gestionando en el Ministerio a través de una resolución que abría las puertas para la comercialización del recurso
La intención se conoció como parte de las conclusiones de una cita bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Emmanuel Macron