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El paro en la vía panamericana ya deja cerca de $1.800 millones en pérdidas a los transportadores. Ayer, el Gobierno participó de nuevo en un comité con las comunidades.
Desde hace más de una semana una minga en la que participan 12.000 indígenas y 4.000 representantes de organizaciones campesinas tiene paralizado al suroccidente del país. Por ello, el Gobierno dispuso ayer de una nueva comisión encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para dialogar con las comunidades y revisar sus peticiones.
Aunque se presentó un documento con 29 puntos generales, y cada organización entregó su propio pliego de peticiones, diez temas son los que más han generado desacuerdo. La propiedad de la tierra y el medio ambiente son los ejes centrales, por ello, las comunidades han solicitado ser reconocidas como autoridades ambientales en sus territorios.
“Al reconocerse como autoridad ambiental a los cabildos indígenas, son las comunidades las que legislan sobre los recursos naturales que hay en el territorio, no solamente los que están el suelo sino también el espacio aéreo y el subsuelo”, explica Érika Giraldo, consejera de comunicaciones del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), una de las comunidades que participan del paro.
Este punto va de la mano con otras peticiones, como que se exija un carácter vinculante de las consultas populares para proyectos extractivos, la oposición a que se realicen proyectos de fracking en el país o que se desmonte la implementación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), espacios especiales con lo que el gobierno pretende fomentar la actividad productiva.
“Es una Ley que en su implementada nos afecta a los indígenas, campesinos y afros. Es una estrategia para seguir concentrando la tierra en Colombia”, criticó Giovanni Yala, vocero indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
Aunque son varios los acercamientos que se han logrado, las discrepancias continúan, al punto que desde la minga se ha solicitado declarar una emergencia social y ambiental, situación que permitiría que se giren partidas presupuestales extraordinarias.
Si bien en el Plan de Desarrollo se tienen previstos $10 billones para los pueblos indígenas, las comunidades demandan $3,6 billones para el cuatrienio para cumplir con compromisos adquiridos de la pasada Administración.
Adicionalmente, los manifestantes solicitan al Gobierno que se les entreguen más de 20.000 hectáreas de tierra, en reconocimiento de sus derechos ancestrales y que se haga entrega de 1.500 viviendas.
Otra petición que puso sobre la mesa la minga es detener el proceso de modernización que adelanta el Mintic, proyecto que califican como un “monopolio”; y también el desmonte del Esmad y del servicio militar obligatorio, así como la reducción del presupuesto para la guerra.
Por los bloqueos, los transportadores han reportados pérdidas cercanas a $1.800 millones. Desde la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) se alertó sobre un posible desabastecimiento, pues por la región diariamente se movilizan cerca de 270.000 litros de leche, producida en Nariño, con lo cual el sector lácteo ya acumula $2.000 millones en pérdidas.
Por otro lado, el Gobierno tuvo que tomar medidas para evitar el desabastecimiento de combustible en le región, como pedir apoyo a Ecuador, o autorizar a Ecopetrol para movilizar los combustibles a la planta de Tumaco.
Conozca acá las peticiones de los indígenas: Doc-PollticoMINGA-suroccidente-final-1
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