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Entre los proyectos en riesgo están la segunda linea del metro y Regiotram
Parece ser que no solo el Metro de Bogotá se vería afectado por la disputa que hay entre Claudia López y el presidente, Gustavo Petro. La preocupación aumentó después de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien señaló que otras obras cofinanciadas por la Nación podrían revisarse.
La incertidumbre cae entonces sobre cinco obras por más de $50 billones en las que el Gobierno es cofinanciador y que afectarían a más de 2,5 millones de bogotanos. Sumando, además, las conversaciones que estaban sobre la mesa para que el Gobierno también financiara las tres líneas de cable aéreo.
De esta manera, y entre las obras que corren riesgo, están la segunda línea del Metro, que es una construcción subterránea de 15,5 kilómetros de extensión. El costo estimado de la Línea 2 asciende a un valor de $34,9 billones. De este costo, la Nación aporta 70%, es decir, $24,4 billones de los recursos, y el Distrito 30% restante, $10,4 billones.
La Avenida Calle 13 - Fontibón, que es un proyecto de ampliación de una vía para el sector de carga, también se vería afectada, con un valor de obra por $3,39 billones. Regiotram del Norte es el tercer proyecto en riesgo y consta de un tren de cercanías de la Sabana que pretende conectar a Bogotá con el municipio de Zipaquirá y beneficiará diariamente a un millón de usuarios. La inversión de esta obra supera los $29 billones.
Otra es la Avenida Longitudinal Occidental (ALO) del Sur. El proyecto, que beneficiará a más de dos millones de habitantes que reducirán sus tiempos de viaje, conectará las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón y tiene una inversión estimada de $1,12 billones.
Y, finalmente, están las obras de Acceso Norte, que contemplan una inversión de $1,8 billones para la ampliación de la Autopista norte y la ampliación de la Carrera Séptima.
Respecto a la validez de que el Presidente pueda decidir no entregar el dinero para las obras, José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, explicó que, “puede políticamente demorar la entrega del dinero. El compromiso vigente con la construcción que se está haciendo es aportar 70% y, al proponer la modificación y aportar el presupuesto que demanda está modificación, está atentando contra el contrato firmado, es decir, contra el cronograma”.
El experto agrega que la construcción actual debe seguir porque está bajo contrato y mientras no haya una modificación contractual no podría interrumpirse sino correr el cronograma.
También es importante anotar que hay otras tres obras de Transmicable las cuales requieren inversiones de $1,2 billones y movilizarían a más de 300.000 personas cada día. Sobre estas todavía no se había firmado ningún convenio oficial, por lo que no entran directamente en las afectaciones que causaría el actual desacuerdo. Sin embargo, a largo plazo, y de no reparase la discordia, estos proyectos también quedarían en veremos.
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