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El negocio de la droga no solo ha intensificado la apropiación forzosa de tierras para la siembra masiva de cultivos ilícitos, sino también ha posibilitado lavar dineros, disponer de zonas de refugio, la construcción de laboratorios cada vez más sofisticados, pistas, vías y corredores de tráfico en áreas rurales para su comercialización. Todo esto se ha convertido en la arista del desarrollo rural.
Y es que más allá del componente social y político que hay detrás del conflicto armado, existen negocios rentables tanto para grupos guerrilleros, como para organizaciones delictivas, como las Bacrim, en los que los campesinos se han convertido en protagonistas, explicó el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Bo Mathiasen.
Por eso ante la pregunta sobre cuál es el sector qué más ha impactado el flagelo del narcotráfico, Mathiasen no dudó en decir que se trata del agrícola. “Es común que los grupos ilegales utilicen la fuerza, la amenaza y las armas para obligar a la población campesina a cultivar droga no porque signifique para ellos rentabilidad o porque quieran desplazar su vocación productiva”, añadió el directivo.
De hecho, manifestó que para los cultivadores de coca, los ingresos no alcanzan a superar el salario mínimo.
Aunque el país ha tenido una reducción del área sembrada de coca, su concentración en la regiones con mayor presencia de actores ilegales sigue siendo bastante alta. Según el último informe de las Naciones Unidas, al 31 de diciembre de 2012, Colombia tenía 48.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos. Esto representa una reducción de 25% del área cultivada ilícitamente respecto a las 64.000 hectáreas detectadas en 2011. El departamento de Nariño sigue siendo el más afectado por la presencia de cultivos de coca con un total de 10.733 hectáreas cultivadas, seguido de Putumayo con 6.148, Norte de Santander con 4.516, Cauca con 4.325 y Guaviare y Caquetá con 3.851 y 3.695 hectáreas, respectivamente.
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