Economistas piden ajustes fiscales para enfrentar la devaluación y el Covid-19

Con la reaprobación de la última reforma tributaria, llamada Ley de Crecimiento Económico, los analistas proyectaban que el próximo año la Nación dejaría de recibir $9,1 billones por cuenta de las exenciones contempladas en el articulado, principalmente para las empresas.

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Y si bien el Gobierno ha sostenido que ese dinero se compensaría con otros mecanismos, tales como el incremento en la base del recaudo (que en 2019 aumentó 9,3% frente a 2018, hasta $157,8 billones) los expertos argumentan que el panorama hoy, en tiempos de Covid-19, dólar a $4.000 y crudo a $30, es aún más complejo, y es necesario tomar medidas fiscales para solventar la latente caída de ingresos.

Así lo señalaron, José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana y Marcela Eslava, profesora asociada de economía de la Universidad de los Andes.

“Frente a la coyuntura tan difícil que se ha planteado con la devaluación del peso frente al dólar, la caída de los precios del petróleo y la pandemia del Covid-19; el Gobierno tiene que pensar seriamente en una nueva reforma tributaria y discutir, incluso, algunos de los beneficios que se concedieron a las empresas en las reformas pasadas”, dijo Ocampo.

Un punto en particular en el que coinciden estos economistas es el del desmonte del descuento del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Esta norma establece que las empresas pueden restar del pago del impuesto de renta 50% del valor pagado, que es un tributo de orden territorial, de modo que ese aporte se deja de percibir en las cuentas nacionales. Solo por este renglón, según los cálculos de Corficolombiana, en 2021 el país dejará de recibir $1,6 billones.

“Si bien el Gobierno ha dicho que no hará una nueva reforma tributaria, la situación hoy es distinta. Nadie esperaba que se dieran estos choques que pueden debilitar las finanzas públicas. Nosotros siempre fuimos muy enfáticos en que no nos gustaba el impuesto de industria y comercio que cuesta, según nuestras cuentas, alrededor de 0,6% del PIB al año. Sin embargo, lo importante es que, de continuar esta situación, hay espacio para tomar medidas en el segundo semestre, si la crisis continúa.”, señaló Mejía.

Otro impuesto que ponen sobre la mesa, tanto Ocampo como López, es el del descuento del IVA por la compra de bienes de capital, que, según Corficolombiana, se traduce en $6,5 billones menos que ingresarán al fisco el otro año.

Frente a esto, Ocampo agregó que los mayores beneficiados con el descuento del IVA no son los pequeños empresarios, de modo que se podría limitar. “Este es un incentivo que se le da a los sectores con más intensidad de capital, en contra de los que son con más intensidad de empleo”, aseveró el excodirector.

De ese modo, según López, solo en estos dos impuestos se dejan de recibir $8,1 billones en un año en el que las utilidades de Ecopetrol y las de las demás empresas del sector, seguramente, serán mucho menores que las registradas en 2019, por cuenta de la caída del precio del Brent por la disputa entre Rusia y Arabia Saudita; así como la disminución de la demanda de crudo de China a causa de la propagación del Covid-19, país que usualmente compra 30% de la producción mundial.

“Las petroleras han venido pagando impuestos importantes y van a tener pocas utilidades este año, o incluso, pérdidas. De hecho, puede que, por la coyuntura, en la próxima asamblea de Ecopetrol se decida que los dividendos del año pasado que se van a pagar este año sean menores a los esperados, y parte de ese dinero ya se ha gastado. Esa es una de las razones por las que el impacto no solo se vería hasta el próximo año, sino en este. Además, hay que ver que el impuesto de renta se paga gradualmente, así que todo se empezará a sentir este año”, agregó Ocampo.

Cabe señalar que la asamblea de la petrolera estatal se llevará a cabo el 27 de marzo y que la decisión sobre los dividendos dependerá de lo que diga el Gobierno, dado que Colombia es dueña de 80% de la empresa.

“Lo más sensato en ese caso, sería que el Gobierno, a través de vías extraordinarias o pasando nuevamente una ley de financiamiento a final de año, reverse varias de las exenciones tributarias”, dijo López.

Ahora bien, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla ya había señalado previo a la crisis, en varios escenarios, que no estaba dispuesto a presentar una nueva reforma tributaria, pese a considerar que sí es necesario aumentar los ingresos de la Nación, pus incluso antes de esta coyuntura, el BID había diagnosticado que el país necesitaba incrementar en cinco puntos el PIB, para poder responder con la demanda de gastos a cabalidad.

Pero más allá de la potencial reducción de recursos, los economistas advierten que el crecimiento del PIB se va a desacelerar, y no llegará a la meta de 3,7% que tiene el Gobierno, e, incluso Mejía, asegura que no se llegará a 3,5% proyectado por la entidad que representa.

“Efectivamente parecen venir mayores presiones fiscales. Eso obliga a revaluar las herramientas de generación de ingreso y de gasto del Gobierno. Al tiempo, esa evaluación debe tener en cuenta el potencial de desaceleración económica que parece factible y las potenciales consecuencias”, opinó Eslava.