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La petrolera ha registrado 60 ataques a sus oleoductos en 280 días del año. Dice que la gran mayoría se han presentado en el Norte de Santander.
Las acciones terroristas a la red de oleoductos del país no cesan. Con el más reciente ataque al Oleoducto Trasandino (OTA), en el Putumayo, este fin de semana, Ecopetrol confirmó que ya son 60 atentados en lo corrido del año, una cifra que no solo ha venido afectando a los ecosistemas y a las comunidades, sino también a los más de 4.540 kilómetros de tubería que tiene la petrolera en Colombia.
Los 60 golpes que se han registrado en 280 días de 2019 representan, en promedio, que la empresa ha sido víctima de ataques cada 4,6 días. Estos atentados, si bien se han dado en su gran mayoría en el Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo, ponen sobre el tapete la discusión sobre la alta inseguridad a la que se enfrentan las actividades petroleras en el país.
Así lo estableció Carlos Leal, presidente de la junta directiva de Acipet, quien advirtió que “estos episodios afectan la confianza de los inversionistas en Colombia. El riesgo por el tema de la seguridad causa un impacto grande en el análisis de las situaciones. Muchos proyectos se ven afectados, lo cual pone en alarma las inversiones en los territorios”.
De la totalidad de los hechos ocurridos en 2019, el campo Caño Limón-Coveñas ha sido el más afectado con 35 ataques. De acuerdo con Ecopetrol, a esta zona le sigue el Oleoducto Transandino, con 19; el Oleoducto Mansoyá-Orito (OMO), con dos y el Campo Tibú, con dos, entre otros.
Es importante aclarar que, según la compañía, acá también se incluyen tres líneas de transferencia, es decir, tubería que se encuentra en los campos, pero que no es propiamente un oleoducto.
“Estos episodios afectan la confianza de los inversionistas en Colombia (...) Muchos proyectos se ven afectados, lo cual pone en alarma las inversiones”.
Frente a esta situación el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró recientemente que los cerca de $150.000 millones que invirtió la petrolera para la atención de los atentados y las válvulas ilícitas se hubieran podido destinar a programas de inversión social y de apoyo a comunidades. Pese a que la empresa ha dispuesto planes de contingencia para controlar dichas situaciones, el directivo aseguró que más allá de las pérdidas económicas, los grandes damnificados siempre serán las comunidades.
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