Ecopetrol reportó acceso irregular a instalaciones de los campos Rubiales y Caño Sur

Ecopetrol reportó que un grupo de personas accedió de forma irregular a las instalaciones de los campos Rubiales y Caño Sur, ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Según la empresa, los invasores obligaron a suspender las operaciones en las instalaciones, lo que generó riesgos para la seguridad de los trabajadores presentes, así como para el medio ambiente y las infraestructuras.

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La intervención de estas personas afectó directamente a la planta de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y el Centro de Generación Caño Sur, donde los operadores fueron forzados a detener las actividades.

Esta acción, que ha sido reportada a las autoridades competentes, se suma a una serie de bloqueos que han afectado las vías internas de los campos desde el viernes 28 de marzo. Los bloqueos han impedido el desarrollo normal de las operaciones, incluyendo actividades clave como la perforación y los proyectos de Ecopetrol en la región.

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La empresa, que emplea a más de 7.500 personas en las operaciones de estos campos, alertó sobre el impacto que esta situación podría tener en 3.800 trabajadores.Los bloqueos han generado interrupciones en los trabajos que, de no resolverse, podrían extenderse aún más y afectar a una parte significativa de su fuerza laboral.

Ecopetrol rechazó enfáticamente este tipo de acciones y reiteró la importancia del diálogo como herramienta para la resolución de conflictos. En su comunicado, la empresa hizo un llamado a la búsqueda de soluciones colectivas a través de la institucionalidad, con el fin de recuperar la normalidad en la región y avanzar en la transformación del territorio de manera pacífica y constructiva.

Ante esta situación, gremios del sector de hidrocarburos como Aciem, ACP, Acipet, Acggp y Campetrol hicieron un llamado al levantamiento de los bloqueos y al uso de mecanismos de participación que garanticen la convivencia pacífica y el derecho al trabajo.

Advirtieron que estas acciones no solo afectan las operaciones del sector, sino que también ponen en riesgo la vida e integridad de trabajadores y comunidades, además de impactar la economía de la región.

Las asociaciones reiteraron que si bien las comunidades tienen derecho a expresar sus inquietudes, estas deben resolverse a través del diálogo y el cumplimiento del marco legal. Asimismo, instaron al Gobierno nacional y a las autoridades locales a continuar liderando espacios de concertación que permitan restablecer la normalidad en la región.