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Nada más, este junio ha tenido precipitaciones superiores a la de los últimos cuatro años.
Este panorama llevó a que la Contraloría General de la República alertara que las obras de construcción, reconstrucción y mitigación del riesgo, por los daños ocurridos durante la ola invernal que sufrió el país entre 2010 y 2011, presentan retrasos, con un avance total de 25%.
Para el ente de control fiscal, algunos proyectos no serán finalizados “o tendrá que reducirse el alcance de los mismos”, pues “el Fondo de Adaptación a diciembre de 2015 llevaba una ejecución presupuestal de 35% y se presentaron retrasos en los avances programados”.
De acuerdo con el Conpes 3776, citado por la Contraloría, para las obras en vivienda, transporte, salud, educación y megaproyectos como el Canal del Dique, el Jarillón de Cali, Gramalote y la Mojana, se plantearon inversiones por $9,8 billones, distribuido en ocho vigencias fiscales (desde 2011 a 2018).
Aunque las obras en transporte presentan un avance que alcanza 64% de los 1.880 kilómetros de vías afectadas, otros sectores como salud, educación e incluso los megaproyectos como el Canal del Dique o Gramalote, no alcanzan a tener un avance de 20%.
En particular sobre el Canal del Dique, la Contraloría encontró que, aunque le fue asignado un presupuesto de $1 billón, para mejorar las condiciones de las 5.500 hectáreas afectadas en las zonas inundadas, “la asignación presupuestal a diciembre de 2015 para este macroproyecto fue solo de 26% de lo aprobado inicialmente”.
A esto hay que sumarle una ejecución de obras prioritarias de 3% y 19% del presupuesto, “lo que indica que hasta el momento la mayoría del presupuesto se ha destinado a rubros diferentes a la ejecución física de las obras”.
En el caso de la reconstrucción de Gramalote, que para el Conpes 3776 “es un símbolo de la capacidad del país para hacer frente a tragedias de esta magnitud”, la Contraloría encontró que solo presenta un avance de 28% y que se estima que puede llegar a costar más del doble que en el presupuesto ($163.800 millones) y no estará para 2016, sino para 2018, según el documento.
El Jarillón de Calí también llamo la atención del ente de control fiscal, el cual encontró que el riesgo de inundación es inminente, “sumado a los riesgos no mitigables relacionados con la población que ilegalmente se ha ubicado en la zona, que se calcula en 7.852 familias”, las cuales deben ser reubicadas para evitar una tragedia, sin lograr un avance de 30% en las tres actividades que el Conpes consideró para esta obra.
El gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, explicó ante este informe que en los primeros cuatro años “lo que se ha adelantado en su mayoría ha sido diseños y estructuración de proyectos que implica poca ejecución presupuestal”.
Para Mustafá, esta es una etapa que no corta cintas, pero necesaria para garantizar que las obras queden bien.
Las opiniones
Iván Mustafá
Gerente del Fondo de Adaptación
“Las obras que se han hecho requieren estudios serios y adecuaciones que toman tiempo. Cuando comenzó la labor del Fondo no había un solo proyecto”.
Isidro Hernández
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. Nacional
“Hay un tema que está pendiente y es la exigencia fiscal que, sobre todo las contralorías territoriales, deben hacer sobre los proyectos en ejecución”.
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