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El jueves a las 10:00 a.m., el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hablará sobre este proyecto durante el Foro LR
La nueva reforma tributaria, llamada por el Gobierno proyecto de Inversión Social, es uno de los puntos más álgidos a nivel político en el país. Esta nueva reforma, liderada por el Ministerio de Hacienda, apunta a recaudar $15,2 billones, y se da después de que tanto Fitch Ratings como Standard & Poor 's bajaron la calificación crediticia de Colombia a BB +.
Lo anterior impuso un reto más al Gobierno, que tiene la tarea de empezar a poner en orden las finanzas públicas, reduciendo los niveles de deuda en el mediano plazo, al mismo tiempo que debe mantener los programas sociales que apoyen a la población más vulnerable que resultó golpeada con la crisis del covid-19 y el paro nacional.
Para hablar sobre este tema, el jueves a las 10:00 a.m., el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; el director general de la Dian; Lisandro Junco Rivera; la presidente nacional de Acopi, Rosmery Quintero y socios de las firmas Brigard Urrutia y DLA Piper, participarán en el foro LR ‘El ABC de la Tributaria Solidaria’.
En total, el Gobierno Nacional ha presentado 12 reformas tributarias en los últimos 20 años. Durante lo corrido del siglo XXI, los ingresos tributarios netos de la Nación han oscilado entre 9,5% y 14,3% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo en el 2000 el de menor recaudo de impuestos, y el 2012 en el que más se recaudó.
Entre las decisiones está aumentar la tarifa de renta corporativa a 35%, lo que será una fuente permanente de recursos de la que se espera un recaudo de $6,7 billones, así como un plan de austeridad y gasto público; este esfuerzo representaría un ahorro de $1,9 billones anuales. La tercera parte importante del proyecto será el plan de austeridad y gasto público, que representaría un ahorro de $1,9 billones anuales.
Sobre las medidas aún hay varias propuestas y dudas como si se incluirá a las MiPyme en la tarifa de renta corporativa y cómo será la transición de los impuestos a futuro.
Esto con el fin de disponer, a partir de enero de 2025, de un plan que permita un uso riguroso y transparente de los recursos públicos
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