El acuerdo de La Habana coincide con políticas que ya tenía Santos

Quien tenga tierras improductivas “lo pensará dos veces”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al referirse al mejoramiento del uso de la tierra como uno de los pilares fundamentales del acuerdo sobre el tema agrario logrado entre el Gobierno y las Farc.

El mandatario explicó que se hará una actualización y extensión del catastro a todo el territorio, con la intención de crear un predial mucho más justo, se crearán incentivos para acercar el uso de la tierra a su verdadera vocación y se plantearán programas especiales de desarrollo con enfoque territorial.

Aunque hasta ahora no se conoce la letra menuda de este acuerdo, las partes negociadoras dejaron claro que éste se convierte en la hoja de ruta para darle solución a los problemas estructurales de la ruralidad colombiana que ha alimentado por medio siglo el conflicto en el país.

Llama la atención que el ideario común consignado en este documento, no difiere -lo que se conoce- de la política de tierras que planteó el Gobierno de Santos, lo cual, según expertos, pone en la agenda pública los puntos gruesos para lograr un desarrollo rural.

Cuando se hace una lectura minuciosa del acuerdo concertado en La Habana (Cuba) y se compara con la denominada Política Integral de Tierras que presentó el Ministerio de Agricultura desde 2010, se evidencian puntos claros de contingencia como el mejoramiento del acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la restitución de tierras, el uso productivo de la tierra y la extinción de dominio a tierras ilícitas.

Para Absalón Machado, docente de la Universidad Nacional y uno de los mayores expertos en el tema de tierras, estos puntos en común indican que el Gobierno tuvo la capacidad suficiente para poner sobre la mesa los planes de su política rural.

El acuerdo plantea por ejemplo un robusto plan de formalización de la tierras, igual que en el plan de desarrollo de Santos que tiene como objetivo facilitar la titulación masiva de la propiedad como base para la estabilización de la economía campesina. Y es que de acuerdo con le Ministerio de Agricultura, existen cerca de 1,2 millones de predios informales en el sector rural, es decir el 40% del total.

No obstante, para Machado este tema puntual supone una transición en la institucionalidad para que se logren superar los vicios de ilegalidad en derechos de propiedad que están en la espina dorsal del problema de tierras. En ello coincide José Leibovich, consultor privado tras afirmar que el Incoder y El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) deberán volverse instituciones más robustas y aumentar su capacidad técnica para adelantar estos proyectos de gran envergadura.

El Gobierno y las Farc también plasmaron la necesidad de reconocer a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, que ya viene siendo trabajando desde el Ministerio de Agricultura con la ley de víctimas y restitución de tierras que hasta el momento deja como balance de un total de 12.000 hectáreas devueltas a campesinos despojados. Dentro de lo convenido se contempla una nueva jurisdicción agraria que precisamente con ley de tierras se creó a través de los jueces agrarios . También contempla la creación de un Fondo de Tierras que según Santos permitirá a campesinos vivir con dignidad, y se alimentará de terrenos que hayan sido adquiridos ilegalmente. “Significará un salto cualitativo y cuantitativo al acceso a la tierra, que significa entregar tierras a campesinos que no tengan”, concluyó Santos.

Catastro rural y censo, planes inaplazables
En medio del acuerdo sobre el tema agrario en La Habana, el Censo Nacional Agropecuario que arrancará este año y estará a cargo del Dane y el catastro rural, cobran relevancia, pues estos serán el comienzo de una actualización estadística del sector rural, que servirá de base para la formulación y aplicación de las políticas públicas para el sector agropecuario en los próximos años. El primero incluye una actualización estadística de 3,8 millones de predios rurales existentes, localizados en 1.101 municipios.

Las opiniones

José Leibovich
Consultor privado
“Entidades como el Incoder y el Igac son instituciones que se deben de volver mucho más robustas para poder adelantar estos proyectos de gran envergadura”.

Absalón Machado
Docente Universidad Nacional
“La coincidencia entre el acuerdo en la Habana y la ley de tierras de Santos da muestra que el Gobierno tuvo la capacidad de poner los puntos de su política rural”.

Juan José Perfetti
Investigador asociado de Fedesarrollo
“Lo que limita un juicio sobre el acuerdo es que lo que se dio a conocer en La Habana fue el índice pero falta que se revele lo más importante, el contenido”.