“El camino es el diálogo con la comunidad, pero no por vía de consultas populares”

La gran queja del sector minero en Colombia es que enfrenta inconvenientes de seguridad jurídica debido a las consultas populares. Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), conversó con LR sobre este y otros retos del sector.

¿Qué desafíos enfrenta la minería en Colombia?
Este año hay dos desafíos de corto plazo, uno es la incertidumbre electoral que marca la pauta al hacer inversión y el otro es el invierno, que puede mermar la producción.

En 2017, el sector minero energético se contrajo 3,6%. ¿Qué expectativas tienen para este año y cómo podrían mejorar el PIB real del sector?
Este año no veo mejora en el PIB, porque a pesar de que la producción está aumentando en los metales, hay un menor crecimiento del carbón, que pone un 70% u 80% del PIB minero. Tenemos que esperar cómo se comportan las esmeraldas, que están más atadas al riesgo geológico, porque no es como el carbón que se tiene un plan y se va ejecutando, sino que tiene que ver más con la suerte, si se encuentran o no. Las esmeraldas han tenido un comportamiento espectacular en años anteriores, esperamos que este año lo mantengan. Mi apuesta es a que el PIB se mantenga muy similar.

¿Cree que se mantendrá negativo?
La caída ya se dio, habría que ver qué pasa con la producción de carbón en el norte, que es la que más empuja. Yo creo que no vamos a estar en terreno negativo, pero no me atrevo a pensar que va a ser un año esplendoroso.

¿Cuáles son las expectativas para la renta minera?
De mantener la producción igual, creo que nos mantendremos cerca de los $4 billones por año, porque los precios de los commodities se han mantenido estables, así que no le apuesto a que se caiga la renta minera.

Actualmente la Corte Constitucional revisa si las consultas populares pueden prohibir la minería. ¿Cómo ven esta situación desde la ACM y qué soluciones proponen?
La Corte Constitucional es muy importante, pero no debemos olvidar a las otras cortes. El Consejo de Estado sacó un fallo muy favorable, que es el de Une, Cundinamarca, en el que se da cuenta de que los municipios no pueden machacar los derechos de la Nación y dicen que se haga un ajuste por coordinación entre Nación y territorio. Creo que ahí se está empezando a marcar la base. Lo que estamos viendo es que hay una multiplicidad de fallos en todo el país, que, sin duda, este es uno de los temas que más espantan la inversión y que creo que el aumento desmesurado de las consultas es una cosa ilógica. Esto arrancó en el sector minero energético, pero ya hay dos casos que llaman la atención. Hubo un caso en Nariño, donde el Alcalde pidió una consulta popular para evitar cultivos transgénicos y otro caso por la instalación de una caseta de peaje. Es decir, esto demuestra que el abuso del derecho es total y que ojalá se den cuanta hasta dónde llegan los mecanismos de participación y que hay decisiones que se deben tomar por autoridad y no por decisión popular.

Sin embargo, se les debe dar participación a las comunidades, no se puede ignorar que tienen una preocupación...
Yo creo que la preocupación por el medio ambiente es legítima y todos la tenemos. La minería bien hecha tiene que preocuparse por su medio ambiente de forma primaria, es decir, que empresa que no esté actuando de manera medioambientalmente responsable, no puede operar. Lo segundo que creo es que los mecanismos de participación están establecidos, inclusive, no hay una licencia ambiental que no tenga participación de las comunidades. Claro que como industria tenemos que hacer más eventos de socialización y de gestión. Inclusive, hoy en día, para entregar un título minero hay un proceso de concertación con audiencia pública. Además, las compañías tenemos que ir al territorio y hablar con la gente, pues es una necesidad. Creo que el camino es el diálogo pero no vía consultas populares.

En el país todavía es extendida la práctica de la minería ilegal, ¿cómo se puede combatir?
El Gobierno ha hecho un trabajo importante en controlar la minería ilegal y por eso la caída de 30% en oro el año pasado. La ley se necesita, pues que los criminales que están acabando con nuestro medio ambiente no paguen cárcel es horroroso con la sociedad. La ley de minería criminal, que hoy está en el Congreso, debería aprobarse para que aquellos que están acabando con el medio ambiente, paguen cárcel.