MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El DPS, que quedaría en manos de Laura Sarabia, tiene casi la mitad del presupuesto de sector de Inclusión social y reconciliación
El Departamento de Prosperidad Social, DPS, ahora sería dirigido por Laura Sarabia, la exjefe de gabinete del presidente, Gustavo Petro, y protagonista del escándalo de la filtración de audios en conversación con el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, donde se habló de supuestos dineros ilícitos en la campaña presidencial.
La función principal del DPS es ser responsable de la formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental para la construcción de la paz total; y cuenta con un presupuesto para este año de $10,03 billones, más que el monto de 15 ministerios, con una ejecución de 30,86%.
El monto para la entidad está por encima de las demás que hacen parte del sector de Inclusión social y reconciliación, que en total tiene $21,8 billones asignados, según datos consultados en el Portal de Transparencia Económica del Gobierno Nacional, con corte a ayer.
La entidad que le sigue en presupuesto en este sector es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, con $9 billones y 59% de ejecución. En un análisis macro, el DPS tiene más dinero que 15 ministerios, sobrepasa, por ejemplo, al de Minas y Energía, que tiene $6,7 billones, y es 87 veces el monto asignado para el MinTIC, que registra $115.020 millones (ver gráfico).
También tiene más presupuesto que el Ministerio de Vivienda ($4,07 billones), de Agricultura ($1,77 billones), Interior ($996.181 millones), Deporte ($946.763 millones), entre otros. Mientras que solo es superado en monto por cuatro ministerios: Educación ($52,01 billones, Salud ($50,59 billones), Hacienda ($45,83 billones) y Trabajo ($31,9 billones).
Roberto Angulo, fundador de Inclusión, consultoría para el desarrollo, explica que “el sector de inclusión social y reconciliación tiene como objetivo los temas de reducción de la pobreza, equidad en programas focalizados y también los relacionados con desplazados y reconciliación”. Además, esta entidad cuenta con oficinas regionales en todos los departamentos.
Angulo resalta que el DPS tiene una doble función, “es rector del sector, pero al mismo tiempo es ejecutor de los programas de transferencias monetarias condicionadas en Colombia, como por ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, programas de generación de ingresos y algunos programas de infraestructura social”.
Y es que la entidad tiene uno de los 100 contratos más grandes con recursos del PGN. Se trata del contrato de la subunidad del Fondo de Inversión para la Paz, el beneficiario es el Banco Agrario por un valor de $54.080 millones, de los cuales se han pagado $12.450 millones (23,02%).
Si se revisa en qué se ejecuta la mayor parte del presupuesto de la entidad, en el portal de transparencia se registra que 57,7% del presupuesto asignado está en transferencias monetarias con programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, Ingreso Solidario y Colombia Mayor.
Sin embargo, está rezagado. Víctor Muñoz, exsecretario General de Presidencia, explica que “el Icbf es quien avanza en su ejecución de manera más firme, calculado contra las obligaciones. Lo que no pasa con el DPS, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, van rezagados. Este es el sector de mayor presupuesto que hay en términos sociales”.
Angulo indica que es posible que se crucen funciones con el nuevo Ministerio de la Igualdad, “creo que es un problema de la regulación, no está limitado en el MinIgualdad, en la función de rectoría, quién hace qué. Es una imperfección en la regulación que está abierta”.
Quedan, entonces, más de $10 billones que ya están asignados en manos de Laura Sarabia en esta dependencia, que actualmente está siendo dirigida por Cielo Rusinque.
El organismo concluyó que las observaciones de los usuarios serán importantes para el análisis que concluirá con la regulación definitiva que se hará en diciembre de 2024
Mientras el Gobierno denunció que desde el Senado "desecharon" el debate, los legisladores están a la espera de las audiencias públicas
El ministro puntualizó que si hay condiciones energéticas para reactivar la exportación de energía, se va a implementar la medida