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La meta para este año es desprenderse de activos hasta por $6 billones, lo que representa alrededor de 0,6% del pib y supone 3,5% del valor de las posibles enajenaciones
A las 105 empresas en las que la Nación tiene actualmente participación y que en conjunto suman $170 billones se les realizará una exhaustiva revisión para definir cuáles de ellas pueden venderse. Por el momento, la meta para este año es desprenderse de activos por $6 billones, un valor que representa alrededor de 0,6% del PIB y supone 3,5% del valor de las posibles enajenaciones totales.
Y es que como la Ley de Financiamiento que se aprobó en diciembre pasado solo logró cubrir unos $7 billones del faltante para este 2019 de $14 billones, el Gobierno ha empezado a armar su rompecabezas para ver de dónde puede generar nuevos ingresos y priorizar el gasto ya existente.
Eso significa que a parte de las ya nombradas posibles enajenaciones de 8,9% de Ecopetrol o 51,41% de ISA, el Gobierno también tiene la posibilidad de privatizar desde la Financiera de Desarrollo Nacional (73,37%) hasta Finagro (65,34%), Telecaribe (40,57%) o Corabastos (20,47%), entre otras.
“Vamos a hacer la revisión de todas las empresas estatales. Algunas como ISA necesitan una valorización porque es una multinacional con inversiones en otros países. Por ejemplo, Ecopetrol hace sus propias evaluaciones y nos las pasa. Los colombianos han hecho inversiones en activos que generan escasamente el mantenimiento de su valor y, en algunos casos, hasta producen costos. Mientras tanto, solo cerca de $100.000 millones se invierten en promedio para vías terciarias”, indicó el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.
Para las empresas en las que la Nación tiene una participación minoritaria y que no supera 49% de la propiedad accionaria de la sociedad, la enajenación la hará el colector de activos del Estado que es la Central de Inversiones (Cisa). En el Plan Nacional de Desarrollo se le dio a esta entidad, que está adscrita al Ministerio de Hacienda, la potestad de ampliar su tope de venta de compañías estatales, que antes era de 10%.
“Hay participaciones nacionales, pero los municipios o los departamentos también son dueños de algunas empresas. Lo que pretendemos es ayudar a que puedan movilizar estos recursos para que los utilicen en infraestructura, salud, educación...”, aseguró Hernán Botero Pardo, presidente de Cisa.
En total, 66 de estas participaciones son minoritarias, es decir, que en ellas la Nación no puede ejercer ningún tipo de control al ser un accionista más. En estas no estratégicas destacan, sobre todo, compañías regionales como terminales de transporte (de Villavicencio, Sogamoso, Cartagena, Ibagué), sociedades portuarias (Buenaventura o Barranquilla) o televisiones públicas (Telecafé, Teleantioquia o Telepacífico). Además, también hay presencia en la Hidroeléctrica de Ituango (0,08%), la Compañía hotelera Cartagena de Indias (0,26%) o Electricaribe (6,57%).
Por su parte, entre las 39 firmas en las que la Nación tiene una participación mayoritaria el encargado de vender los activos sería la propia cartera económica. En este grupo están algunas como Artesanías (85,53%), Electrohuila (83,05%), Electrocaquetá (72,35%) o TV Andina (71,67%).
Estas 105 empresas operan en diferentes sectores de la economía pero hay algunas carteras que tienen a su cargo más que el resto como es el caso del Ministerio de Transporte que cuenta con 34 estatales, seguido del de Hacienda (29), de agro (13) y TIC (10). Por su parte, en Minas y Salud, hay cuatro; en Comercio e Interior, tres; en Vivienda, dos; y en Trabajo y Departamento Nacional de Planeación cuentan con una.
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