“El Gobierno de Petro dejó de lado la apuesta por los proyectos de infraestructura”

A dos días que se acabe el plazo para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, entidades investigativas económicas han alertado sobre la aprobación en bancada de algunos artículos que se ‘colaron’ en la primera aprobación de Senado, y, además, explican que el Plan no está sujeto a políticas con miradas integradoras para cada actividad económica.

María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá, explicó los puntos del PND que cree que puede ralentizar un desarrollo económico del país en la región.

¿Cuál fue el análisis en cuanto al ordenamiento de territorio?

Hicimos una revisión desde el concepto de unidad de materia. El PND es una ley especial que tiene unas reglas particulares para su adopción y unos contenidos que, si bien es multimateria, ha dicho la Corte Constitucional, la Ley 152 y la propia Constitución, su vigencia es exclusivamente de cuatro años, y por eso las materias que debe abordar, que está orientado principalmente a los programas de Gobierno, y el plan de inversiones que tienen una limitación temporal que es para los cuatro años de Gobierno. Encontramos que hay un abordaje de una cantidad de materias que no responden a este principio de temporalidad.

¿Habría un riesgo de que el PND fuera una colcha de retazos con la aprobación por bloque de artículos?

Si, nosotros vemos que el PND hay un abordaje de articulado asociados a determinados sectores de la actividad económica. Es como si los ministros hubiesen dicho, “presénteme un paquete de artículos, y yo se los voy metiendo en las cajitas pero no hay una mirada integradora”, y eso puede hacer que temas que necesiten más análisis especializado se puedan colar.

¿Qué pasa con las políticas de infraestructura?

Este es un Gobierno que tiene una agenda social, y su legitimidad está asociada con una agenda social. Colombia necesita resolver problemas de inequidad, sobre todo en aquellas zonas que presenten índices de pobreza considerables. Eso quiere decir que no podemos dejar de lado las inversiones y el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura. El Gobierno, entonces, pareciera que dejó de lado esta mirada de la gran apuesta por las obras de infraestructura, esa conectividad que aun nos hace falta para conectar mercados, puertos y aeropuertos donde está la producción agropecuaria para poder internacionalizar el país. Esto hace falta en el programa de PND.

¿Uno de los riesgos sería la corrupción?

Las alianzas público-populares. Va a haber un riesgo grande de captura por parte de las alianzas de esta economía popular porque el PND no las define claramente, no nos dice quienes son, no nos da unos criterios. Lo segundo es que no se pone en el centro la prestación de los servicios.

Crea además la posibilidad que se haga asistencia en especie, y esto nos genera preocupación sobre el impacto que puedan tener en el PAE. ¿Específicamente dice que además se podrán contratar alimentos de manera directa con organizaciones o poblaciones de comunidad étnicas, y en ese orden de ideas, quien me garantiza que los alimentos cumplan con los estándares alimenticios mínimos para los niños?

¿Con el PND se busca solucionar el problema del catastro?

La propuesta del catastro no resuelve los problemas estructurales, recentraliza el Igac sin darle la robustez técnica y financiera que requiere hacer el catastro y el catastro multipropósito, y lo otro es que autoriza a las organizaciones indígenas para que sean autoridades catastrales en el territorio. Nos preocupa que las funciones catastrales a razón de los indígenas se choquen entre conflicto de intereses.

El tener un interés de que se amplíe su parámetro de autoridad en el resguardo, y tener las funciones catastrales. Advertimos que va a haber grandes conflictos de competencia entre territorios de los resguardos indígenas, que es algo más del 25% del territorio nacional.

¿Cómo ve lo de la regulación de servicios públicos?

Los criterios para la definición de tarifas tendrán como base la toma de decisiones el costo, entonces ya no será la continuidad o la calidad en la prestación de servicio, sino el costo. El impacto es que se restringe en parte las inversiones porque la forma de como yo abarato el costo no va a ser por la operación, sino que limito las inversiones y estas son muy necesarias para garantizar la sostenibilidad del servicio.

¿Cuál es el análisis en cuanto a la arbitrariedad del gasto público?

Una tiene que ver con el régimen de contratación con el régimen de los fondos que todos hemos oído, originalmente fueron 16, hoy son 10, ya veremos que sale de la Cámara y cuando terminan saliendo. Hay un interés de que la ejecución de sus políticas no se haga a través de la ley 80, sino que se haga a través del régimen privado.

El segundo de ellos tiene que ver con los subsidios, entonces advertimos que hay un régimen grande de la mirada de subsidios, entonces casi todas las políticas están respondiendo a políticas de subsidio.

EL PERFIL

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y tiene un Magister en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Barcelona. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y privado, entre ellos entre 2017 y 2018 se desempeñó como gerente general de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre 2016 y 2017 fue secretaria Distrital de Hábitat y en 2015 estuvo en el Ministerio de Vivienda como directora de Programas.