“El gasto del Gobierno en subsidios es de $72 billones” afirmó el director del DNP

Ustedes vienen proponiendo una reforma a los subsidios, ¿cuánto gasta el Estado en subsidios?
Hicimos un estudio de más de un año sobre cómo es el gasto en subsidios. Aunque no es fácil identificarlo porque a veces hace parte de los gastos de funcionamiento y de inversión del Presupuesto General de la Nación, encontramos un monto de $72 billones, más o menos nueve puntos del PIB.

¿Cuáles son los principales destinos de los subsidios?
Había temas muy importantes como el gasto en educación por la gratuidad en colegios oficiales y los subsidios para educación superior, que son casi tres puntos del PIB. Además, el Gobierno gasta más de dos puntos del PIB pagando el régimen subsidiado de salud. Hay otros rubros como primera infancia, servicios públicos; todo esto suma $72 billones.

¿En qué consiste la reforma a los subsidios?
Lo que vemos en general es que 20% de los subsidios se va a cada 20% de los quintiles de ingresos del país, es decir, no hay un criterio de focalización.
En ese sentido, hemos planteado una reforma que tiene tres pilares: primero, garantizar la calidad en la creación de un subsidio; segundo, que se le pueda decir al país de forma transparente cuánto se gasta y quiénes se están beneficiando; y tercero, que garanticemos que, por lo menos, una vez cada cuatro años se haga un seguimiento y una evaluación de los subsidios.

¿Cómo está Colombia en comparación con los países de la Alianza del Pacífico?
No hay un comparativo. Lo que sí sabemos es que el gasto general, incluyendo intereses, es de 16 puntos del PIB y estamos en la media o por debajo de la media. Los subsidios, desafortunadamente, no son un tema muy transparente; no solo acá, sino a nivel mundial. Por eso este proyecto de ley es revolucionario para ordenar un componente fundamental del gasto público social.

Una de las estrategias que ustedes tienen es verificar las listas del Sisbén, ¿qué resultados han logrado?
De esos 650.000 casos de personas con inconsistencias que encontramos en 2015, hemos podido depurar casi 400.000 casos con corte a abril de este año.

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Pasando al tema de regalías, ustedes acaban de anunciar cómo se van a repartir las regalías que tienen sin ejecución y con las que cuenta el Gobierno para Colombia Repunta. ¿Cuál es el saldo y cómo será repartido?
Al corte de abril, el saldo total de regalías por ejecutar era de $12,7 billones. Para garantizar una rápida y eficiente ejecución de los recursos, implementamos una estrategia con tres pilares. El primero es una revisión microrregulatoria de los procedimientos en el sistema. En segundo lugar están los proyectos tipo (tenemos hasta el momento nueve de alta demanda). Y en tercer lugar está la estrategia de “revisatones” donde equipo del DNP y los ministerios van a los departamentos y se evacúan los proyectos que, por solicitud de requisitos, no se han podido viabilizar.

¿Cuál fue el monto de regalías que se dejó de recibir por la crisis del petróleo?
El año pasado resultamos con ingresos petroleros netos de cero. Sigue el tema de regalías, pero en términos de tributación incluso hubo devolución por concepto del impuesto por adelantado que habían pagado buena parte de esas empresas.

Otro de los temas que manejan es el de la infraestructura, ¿cuánto es la inversión que se necesita para vías terciarias?
Con el plan de las 4G, a 2018 el estimativo es terminar con inversiones alrededor de $19 billones. Así mismo, hay dos estrategias: la primera, inversiones por parte del Gobierno Nacional de más de $6 billones en vías terciarias y secundarias, y la segunda, el MinTransporte ha venido trabajando en el plan 50-51 (50 kilómetros, para 51 municipios) focalizados en el posconflicto.

Son inversiones de al menos $900.000 millones. Es dinero acumulado del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que irían para inversión en vías terciarias. Sin embargo, aún depende de la aprobación del acto legislativo de reforma constitucional al sistema general de regalías.

¿Cuáles son las principales dificultades que han visto en el ordenamiento territorial de los municipios?
Iniciamos un diagnóstico de la mano de MinVivienda y se detectó que 81% de los POT está desactualizado (tiene una vigencia de 12 años), lo cual evidencia graves falencias tanto en formulación como en la actualización de los POT.

El perfil

Luis Fernando Mejía nació en Bogotá. Es economista con formación de maestría de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Chicago, donde también realizó estudios doctorales en Economía. Se ha desempeñado como investigador en el Banco de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se desempeñó como subdirector sectorial y desde el 12 de mayo fue designado como director de la entidad.