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La canciller y el ministro de Agricultura radicaron una petición a la FAO para remover al país de la lista de focos de inseguridad alimentaria
La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) publicó la nueva edición de su estudio ‘Alertas tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda’, concerniente al periodo entre febrero y mayo de 2022.
En él se dio a conocer que Colombia es uno de los puntos focales de la inseguridad alimentaria en el mundo, compartiendo la clasificación con países como Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Afganistán, entre otros.
De hecho, según el informe, este año habrá 7,3 millones de colombianos con inseguridad alimentaria. Entre los motivos para este fenómeno se encuentra la incertidumbre política, teniendo en cuenta que las elecciones legislativas y presidenciales se realizarán durante el primer semestre del año. Esto, para la organización mundial, podría generar agitación social, afectando así a los más vulnerables.
Otro factor es el de la migración, que incluye varios movimientos como el desplazamiento forzado interno, propagado principalmente por la actividad de los grupos al margen de la ley en zonas rurales del país, y la migración de ciudadanos extranjeros como los venezolanos, que según la ONU ya suman más de 1,8 millones en el país.
Alrededor de 64% (1,1 millones) de migrantes venezolanos en Colombia sufren de inseguridad alimentaria, con 14% en condiciones agudas. A pesar de que el indicador bajó de 73% en un año, la FAO aún advierte una gran problemática concerniente a esta población, especialmente si se tiene en cuenta el aumento del flujo migratorio por pasos como el Darién, el cual triplicó la circulación de migrantes el año pasado con respecto a 2016.
No obstante, pese al mal balance de la FAO, varios sectores se han manifestado en contra de la publicación, dando argumentos que aseguran que Colombia no cuenta con un estado crítico en el sector alimenticio.
Respuesta del Gobierno
Luego de la publicación del informe internacional, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura decidieron realizar una rueda de prensa para responderle a la FAO sobre los resultados del estudio.
“El Gobierno ha radicado una comunicación rechazando el informe que nos tomó de sorpresa”, manifestó Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Canciller de la República. Según Ramírez, antes de la publicación de estos informes, las organizaciones se acostumbran a compartir los resultados previamente con los países en cuestión. No obstante, en esta ocasión, la FAO no habría presentado “las suficientes cifras que sostengan este reporte”. Es por esto que el país le pidió al organismo remover a Colombia de la lista.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, constató que en Colombia no hay escasez de alimentos, pues la producción está en niveles normales. Por tal motivo, para el jefe de cartera, el informe está sacado de contexto y no tiene en cuenta el esfuerzo para mejorar la problemática.
“El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en transferencias monetarias, que alcanza $30,3 billones”, aseveró Zea. Aún así, el ministro está de acuerdo con que los insumos están más costosos, pero asegura que se trata de una problemática global. “Colombia tiene una de las menores inflaciones en Latinoamérica”, afirmó.
Opinión del sector agrícola
Expertos sostienen que el problema que señala la FAO no concierne directamente al sector primario. Según Ricardo Arenas, investigador de Fedegán, la organización “no quiere decir que el sector sea ineficiente ni que se quede corto al cubrir las necesidades alimenticias”.
Por el contrario, Arenas asevera que se trata más de un problema económico y de orden públi co. Para esto hay que tener en cuenta que los precios de los alimentos han subido dramáticamente. Tal y como indicó el Dane, los alimentos y las bebidas no alcohólicas de la canasta familiar subieron 17,23%, una de las alzas más altas de la historia.
Entre los motivos para este incremento está, principalmente, el aumento de los costos de producción, que impacta directamente sobre el precio final, afectando así al consumidor de estos productos.
“La población vulnerable no tiene el mismo acceso a la alimentación porque la pandemia afectó la capacidad económica de los menos favorecidos”, puntualizó Arenas.
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