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“El Gobierno ha dicho que va a estudiar la posibilidad de presentar ante el Congreso una reforma estructural y le hemos pedido a mucha gente que nos aporte los conocimientos, sus propuestas. (...) Todo eso lo vamos a valorar, a estudiar y vamos a ver qué tipo de reforma podemos poner en marcha”, declaró el Mandatario ayer en un discurso desde Cartagena, donde se llevó a cabo un estudio del proceso de paz.
Santos dijo que él no conoce las recomendaciones del informe de la Comisión, pues la presentación está programada para la semana entrante, por lo mismo no han sido estudiadas ni mucho menos aceptadas. Luego cuestionó que uno de sus miembros, “en forma irresponsable”, filtrara las sugerencias antes del encuentro.
Lo cierto es que el interés del Gobierno le apunta a simplificar el sistema actual y hacerlo más equitativo. En ese sentido el Mandatario explicó que la discusión va a tomar un tiempo dentro del Gobierno y con los diferentes actores de la economía antes de “decidir, en buen juicio, qué de esos informes se acepta, qué no y qué se traduce en propuestas concretas”.
Pedro Sarmiento, socio director de la línea de Tax & Legal de Deloitte, indicó que la reforma tributaria es necesaria por dos razones: la necesidad del Gobierno de financiar el posconflicto y la desactualización del sistema tributario que ha impedido “afianzar recursos futuros y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias básicas”.
El experto argumentó que es necesario asegurar el recaudo principalmente incrementando la base tributaria. “Parte importante de la no contribución radica en que no se han llevado a la base una importante cantidad de contribuyentes y cooperativas disfrazadas como entidades sin animo de lucro”.
Respecto a este particular, la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria señala que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (que según la Dian son más de 71.600) tienen un tratamiento tributario disímil.
Además, los analistas enumeran una serie de distorsiones de la figura entre las que están: un régimen muy laxo, falta de control de la administración tributaria, abuso de los beneficios concedidos, provecho por parte de grupos empresariales que no clasifican en la categoría, ausencia de regulación patrimonial e inclusión de las cooperativas, entre otras.
Su propuesta es modificar la clasificación de quiénes contribuyen y quiénes no, así como aplicar para las asociaciones, fundaciones y corporaciones el impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades limitadas.
La opinión
Pedro Sarmiento
Socio Director de la línea de Tax & Legal de Deloitte
“Antes de pensar en el IVA o en el impuesto de renta se debe asegurar el aumento de la base tributaria y controlar la evasión que se calcula en un porcentaje de 32%”.
La calificadora de riesgo destacó las reformas del Distrito para la reestructuración de su deuda para reducir su exposición a las monedas extranjeras