El Gobierno propone un nuevo proyecto de ley para financiar la educación superior

El Congreso de la República debatirá en el primer periodo legislativo de 2025 un proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior pública en Colombia.

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La iniciativa, denominada Acuerdo Nacional por la Educación Superior, pretende garantizar recursos sostenibles para universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.

El proyecto será sometido a audiencias públicas a partir del 17 de febrero en Bogotá, donde estudiantes, docentes, rectores y ciudadanos podrán expresar sus opiniones. El objetivo de estos espacios es construir un consenso amplio antes de la votación en el Congreso.

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Uno de los puntos centrales del proyecto es el ajuste en la asignación presupuestal para las instituciones públicas. Se plantea que el cálculo de los recursos se base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dependiendo de cuál sea mayor. Con esta medida, se busca evitar que el presupuesto destinado a la educación quede rezagado frente a la inflación y otros costos del sector.

Además, el proyecto establece un incremento progresivo de la inversión en educación superior, con la meta de alcanzar 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 15 años. Esto permitiría acercarse a los estándares internacionales y fortalecer la infraestructura, la calidad educativa y el acceso a la formación universitaria en diferentes regiones del país.

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Otro de los objetivos de la reforma es ampliar la oferta académica en municipios donde actualmente no hay instituciones de educación superior. De acuerdo con las proyecciones oficiales, más de 800 municipios podrían beneficiarse con la creación de programas que faciliten el acceso a la educación en zonas apartadas.

En cuanto a las condiciones para docentes y estudiantes, la propuesta contempla el fortalecimiento de la planta docente y la implementación de medidas de bienestar universitario. Entre ellas, se mencionan protocolos contra la violencia de género y estrategias para mejorar la permanencia de los estudiantes en sus programas académicos.