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$6,6 billones dejará de recibir este año el gobierno nacional por la caída del artículo de la no deducibilidad de las regalías
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El próximo martes, la Corte Constitucional realizará audiencia sobre efectos en cuentas fiscales del Gobierno por norma tributaria
La Corte Constitucional citó para el próximo martes la audiencia para estudiar el incidente de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda, contra la sentencia del alto tribunal que tumbó la no deducibilidad de las regalías de la Reforma Tributaria.
Este artículo prohibía que las empresas mineroenergéticas pudieran deducir las regalías de su impuesto corporativo de renta, por lo que los ingresos para el Gobierno esperados en este proyecto de Ley se reducirán sustancialmente.
Según las cuentas que entregó el Ministerio de Hacienda al alto tribunal para justificar las graves consecuencias en las finanzas públicas por la caída de la norma, este año se dejarán de recibir $6,6 billones, lo cual equivale a 29,8% de los ingresos esperados para esa vigencia por la Reforma Tributaria.
Adicional a esto, se suma el impacto sobre la senda de recaudo que se tenía estimada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo entre 2025 y 2034, con la pérdida de recaudo derivada de la inexequibilidad de la norma que equivale a $27,8 billones en los próximos 10 años.
La sala plena del alto tribunal suspendió los efectos de la sentencia C-489 de 2023, que tumbó el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, mientras se analizan estos impactos fiscales.
Según el Auto con el que la Corte citó la audiencia pública para el martes, el Ministerio de Hacienda le presentó cuatro opciones al alto tribunal para minimizar el impacto fiscal al declarar inconstitucional esta medida.
“Entre las premisas del IIF se incluyen que no puede afectar la cosa juzgada, cualquier modulación del efecto de la sentencia debe estar debidamente fundamentada”.
La primera alternativa es diferir los efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2025. Esto implica que las regalías no sean deducibles de la renta bruta de las empresas petroleras y carboníferas durante los años gravables 2023 y 2024, lo que mitigaría el impacto de $6,7 billones. Esto permitiría que los ingresos que la Nación obtuvo vía retenciones durante la vigencia 2023, no se devolverían a los contribuyentes y los recursos que se esperaban recaudar en la vigencia 2024 se materialicen.
La segunda opción del MinHacienda es diferir los efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2024, con la que las regalías de 2023 no serían deducibles. Con ello, el impacto se reduciría de $6,7 billones a $3,3 billones en la vigencia de este año.
La tercera opción es diferir el fallo a partir de 2025 y disponer que el mayor valor del impuesto se reconozca como descuento en cuotas iguales en los años gravables del 2024 al 2028. Esta vía no elimina el impacto fiscal negativo de la sentencia, pero sí permite distribuirlo en múltiples vigencias.
Y finalmente, la cuarta opción que le propuso el MinHacienda a la Corte es diferir también los efectos del fallo a partir de 2024 y disponer que el mayor valor del impuesto se reconozca como descuento en cuotas iguales en 2024, 2025 y 2026.
Tampoco eliminaría el impacto fiscal del fallo, pero lo distribuiría en las vigencias de los tres años mencionados.
Según explica Javier Blel Bitar, socio Tax Controversy de Deloitte Colombia, con el incidente de impacto fiscal presentado por el MinHacienda no se reviviría el artículo de la Tributaria que tumbó la Corte Constitucional, ya que las premisas del IIF se incluyen que no puede afectar la cosa juzgada.
“Cualquier modulación del efecto de la sentencia debe estar debidamente fundamentada, y el trámite del incidente de impacto fiscal no puede menoscabar, restringir o negar la protección efectiva de los derechos fundamentales”, aseguró el experto tributarista. Pero queda la incógnita de si las regalías de 2023 serán deducibles o no.
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