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BID ubicó al país en el quinto puesto en ineficiencia en la región
Desde que Edgardo Maya, el excontralor, dijo que en Colombia la corrupción se come $50 billones al año, esta cifra ha hecho carrera como el referente de lo que se pierde del gasto público. Sin hablar precisamente de esto, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe “Mejor gasto para mejores vidas”, indicó que además la ineficiencia del gasto de Colombia, que según el organismo multilateral se va en filtraciones de las transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, llega a 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB); lo que son unos $45 billones.
Esta cantidad de recursos pone a Colombia como el quinto país de la región en el que más se pierde por ineficiencia en el gasto, solo superado por Argentina (7,2% del PIB), El Salvador (6,8% del PIB), Bolivia (6,3% del PIB) y Nicaragua (5% del PIB). El gasto ineficiente colombiano está muy por encima de los más bajos de la lista, como los de Chile y Perú (1,8% del PIB y 2,5% del PIB, respectivamente), y también está por encima del promedio regional, 4,4% del PIB, lo que en cuentas del BID representa 16% del gasto público de Latinoamérica y el Caribe.
De acuerdo con el organismo multilateral, el principal foco de derroche para el gasto público colombiano está en la fuga en las transferencias de recursos, donde se pierde 1,9% del PIB (unos $18 billones), ranking en el que el país ocupa el séptimo lugar detrás de Argentina, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Costa Rica. Lo dicho por el BID es que el principal desperdicio de recursos de los gobiernos regionales está en los subsidios a la energía. Aunque Colombia no está entre los países con las fugas más altas en este concepto, sí es preocupante lo que el país pierde por concepto de gasto tributario.
El organismo multilateral explica que este gasto es una forma de subsidios en la cual en lugar de entregar directamente los recursos a la población que los necesita, los maneja en forma de exenciones tributarias. Para el caso colombiano, esto representa casi 1% del PIB, siendo superado solo por República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica. Curiosamente, esta filtración de recursos es más alta que la que se presenta en los programas sociales, en donde Colombia sale relativamente bien parado, ya que el malgasto en este concepto es de cerca de 0,5% del PIB, lo que lo pone en la parte baja de los derrochadores de la región.
En el componente de compras públicas, en el que el malgasto colombiano llega 1,5% del PIB, aunque no es el rubro con el derroche más alto, sí es uno de los que ponen en peor posición a Colombia a nivel regional. El problema que tiene el país en este renglón es el alto porcentaje que representan las compras subnacionales dentro de las compras estatales totales, ya que estas son las más proclives a estar permeadas por la corrupción y los malos manejos.
“El gasto en adquisiciones a nivel estadual también es notable en Perú y Colombia, con cifras cercanas a 42%. Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción. El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción”, señaló el informe.
En el último de los componentes, el del malgasto salarial, que pesa casi otro 1,5% del PIB, según los datos del BID, en Colombia se presenta una paradoja. El país es uno de los que menos gasta en sus funcionarios públicos (cerca de 6% del PIB y 20% de su gasto público), estando por encima solo de República Dominicana, Guatemala y Perú; el Estado colombiano es el que menos empleo genera en la región, con solo 4% de los puestos de trabajo, muy por debajo del promedio de 12,7% de Latinoamérica o del 17,4% de la Ocde; pero cerca de 15% de su gasto en empleados públicos es mal usado, debido a las altas primas y a la contratación de personal poco calificado.
Recomendaciones de política pública
El malgasto de los recursos públicos es un problema que según el BID le pesa unos US$220.000 millones a la región cada año. Por eso, el informe tiene recomendaciones como generar mejores estimaciones del costo-beneficio del gasto público en la región, o que los países creen reglas fiscales que no se fijen solo en el control del déficit, como lo hace la colombiana, sino que guarden una relación con el gasto de inversión, como pasa en Perú. Este punto es clave, ya que el BID estima que la inversión pública per cápita solo ha crecido 5% en la región desde la década de 1980.
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