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El estudio de la SCI, que costó $8.000 millones, indicó que el subterráneo logró solo un punto de la fase 3, mientras el elevado pasó fase 3
El informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, contratado por el Gobierno Nacional y que consta de alrededor de 5.000 páginas, fue entregado a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El concejal Julián Rodríguez Sastoque hizo público el documento después de obtenerlo mediante una tutela y un posterior incidente de desacato.
El proyecto de metro elevado en Bogotá, que ya ha avanzado 30%, ha llegado a la fase 3 de estudios. En contraste, el proyecto de metro subterráneo, propuesto por el presidente Gustavo Petro, no alcanzó esa etapa, y tenía deficiencias que afectaban la viabilidad, según el estudio.
Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana, indicó que “el proyecto propuesto como subterráneo tuvo ingeniería básica-avanzada con información útil, pero no alcanzó la ingeniería detalle constructivo, que terminó siendo interrumpido en 2016”.
“La posibilidad de cambio es lejana,y la SCI lo resalta. Existen riesgos legales, financieros, costos y elementos mayores, ya que es un contrato en marcha que está en construcción que implica cumplimiento".
“La diferencia entre elevado y subterráneo está en el impacto urbanístico. Sin embargo, hay experiencias en que la renovación urbana mitiga los impactos de ruido y afectaciones en el disfrute”.
Hidalgo afirmó que el elevado cumplió los mismos estudios, y continúo con los requerimientos del Ministerio de Transporte, el Conpes y los procesos de contratación.
Por otro lado, según el documento publicado por Sastoque, el costo del proyecto de metro subterráneo en 2014 era de $25,3 billones, casi el doble del costo estimado del proyecto de metro elevado, que se situaba en $12,8 billones. El documento también señala que el Gobierno invirtió $8.000 millones en el nuevo estudio. Para Hidalgo, el Gobierno gastó ese presupuesto en un estudio que ya sabía.
El informe de la SCI señaló los posibles riesgos financieros y jurídicos que podrían surgir si se opta por cambiar el proyecto actualmente en ejecución por el consorcio Metro Línea 1. Lo que implicaría ajustes en las inversiones en curso, retrasos en el tiempo o suspensiones, así como costos incidentales.
“Como actualmente se encuentra en fase de construcción, por medio de un esquema concesionario especial acordado entre la Nación y el Distrito para implementar el proyecto Caracas elevado, esta condición impone particularidades, restricciones y riesgos, si se modificara a una opción subterránea”, expone el documento de la SCI.
El proyecto de metro elevado, iniciado durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa, ha completado todos los estudios de fase 3, lo que permitió su contratación en 2019. Sin embargo, William Camargo, ministro de Transporte, señaló que el informe publicado es un fragmento, no el definitivo, ya que no ha sido entregado. “El estudio de la SCI es un insumo técnico para la toma de mejores decisiones para el país”, dijo.
El presidente Gustavo Petro respondió que Sastoque se adelantó a los estudios definitivos, que contó con el apoyo de la Comisión de Seguimiento del Senado, debido a una cláusula de confidencialidad de la ANI. Sastoque, en cambio, afirmó: “La conclusión es que el proyecto actual, que es el metro elevado, tiene más estudios que el subterráneo”. Agregó que “es un riesgo cambiarlo”.
El senador David Luna cuestionó la falta de transparencia del Gobierno al no admitir el informe. “Lo hubieran hecho público si el resultado hubiese sido distinto”, dijo.
Para la Línea 1, de 23,9 km, Leonidas Narváez, gerente de Metro de Bogotá, indicó que el consorcio chino Metro Línea 1 ha tenido retrasos en el proyecto, con un cumplimiento del 85%. Reveló que no se implementaron medidas preventivas.
Narváez solicitó cambios en la gerencia. Sin embargo, Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, cuestionó las críticas por “ineficiencia”. Por otro lado, para la línea 2, de 15,5 km, hay un riesgo de retraso de cuatro meses en la licitación y adjudicación, debido a un socio común entre dos de las empresas licitantes.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
Gracias al fortalecimiento del turismo como una experiencia única e integral, el país se afianza como uno de los destinos en Suramérica
