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Juan Fernando Cristo, ministro del Interior
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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno está dispuesto a revisar las transferencias que se harán a los territorios con la reforma al SGP
En medio de la polémica por la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones, el Gobierno ya dio su respaldo a este proyecto de acto legislativo que está a punto de ser aprobado en el Congreso de la República.
Ayer, el Ministerio de Hacienda dijo que esta reforma irá de la mano con un proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal.
La principal preocupación tiene que ver con las transferencias que propone el proyecto, en la que se establecen los montos que el Gobierno Nacional Central les transferiría a los municipios y departamentos.
La reforma plantea que se pase de 23,8% actual a 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un período de 10 años. De acuerdo con un concepto de Fedesarrollo, esto haría que en 2036 las transferencias del SGP representen 8,4% del PIB, un incremento de 65% que comprometería el cumplimiento de la Regla Fiscal.
Para mitigar esto, el centro de estudios propone que se baje el monto a 30%, mientras que otras voces, como las de la senadora Angélica Lozano, plantean que se transfiera 37%.
Sobre este tema se refirió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que el Gobierno está dispuesto a revisar este porcentaje para lograr un consenso antes de la votación del lunes.
De apoyo a la iniciativa, haciéndole modificaciones al texto aprobado en quinto debate de la Comisión Primera del Senado, y lo planteé en la plenaria del Senado. El Gobierno ya tomó una posición conjunta, obviamente liderada por el Presidente, creemos que el proyecto es importante, creemos que es necesario, y creemos que el proyecto de alguna manera hace justicia con los territorios y resuelve un lío que crearon, que se tuvo con las contrarreformas a la Constitución del 91, de 2001 y de 2007.
El país necesita más autonomía territorial y necesita cerrar las brechas entre los territorios, el centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza a la unidad territorial del país, al crecimiento económico y creemos que es un proyecto estructural de mediano y largo plazo que va a significar un rediseño institucional del Estado colombiano y un trabajo que tenemos que hacer en el mediano y largo plazo.
La primera modificación es que para que entre en vigencia el acto legislativo tiene que expedirse una ley de la República definiendo ese proceso gradual de transferencia de competencias a departamentos y municipios.
Dicho de otra manera, el camino de la autonomía territorial comienza con este acto legislativo, pero no termina. Hay que seguir avanzando, no está en el acto legislativo, pero lo estamos planteando. El país lleva 25 años hablando de una reforma tributaria territorial que les dé nuevas rentas a departamentos y municipios de Colombia. Hay que plantear esa reforma tributaria territorial a partir del año entrante.
Segundo: que en esa ley de competencias, el propósito fundamental y el propósito prioritario sea cerrar las brechas entre territorios más afectados por la violencia y no se ha cumplido.
Hay varias propuestas para reducir la proporción de las transferencias a departamentos y municipios.
Lo primero que hay que decir es que un tema de esta trascendencia para el país, que es una reforma estructural de largo plazo al Estado colombiano, tiene que buscar los mayores consensos posibles y por eso hemos planteado que tiene que hacer parte del acuerdo nacional.
En esa misma línea, hay que escuchar todas las propuestas y el Gobierno las escucha con toda atención. Después de los debates del martes, venimos trabajando con representantes de las distintas bancadas y sus voceros, también al interior del Gobierno revisando técnicamente cuál es la propuesta más adecuada, siempre partiendo de la base que lo que se tiene que tener en cuenta es una transferencia importante de competencias de la Nación, que tiene un costo fiscal alto.
Vamos a ver cómo podemos llegar a un consenso para la votación del lunes, pero el Gobierno está dispuesto a revisar esos porcentajes, el Gobierno en su conjunto con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
Es que tiene que ir acompañando el acto legislativo, es el paraguas de todo un proceso de transformación del Estado para avanzar de verdad y no en el papel a una mayor autonomía.
Aprobado el acto legislativo, la propuesta del Gobierno es que constituyamos una mesa de concertación con gobernadores, alcaldes, expertos, académicos, incluso con cooperación internacional de países que han avanzado en esos procesos de autonomía y obviamente liderada por el Gobierno Nacional, con Hacienda, Planeación e Interior.
Tenemos que evaluar no solamente la ley de competencias, que es una condición indispensable para que el acto legislativo entre en vigencia, sino además un paquete de leyes que tienen que ver con la autonomía territorial.
Por ejemplo, fortalecer los esquemas de asociatividad de los municipios, fortalecer y avanzar en las regiones administrativas de planificación, fortalecer los tributos que se generan, que los departamentos y municipios puedan avanzar en generar sus propios ingresos más allá del SGP. Y también la creación de un fondo de compensación regional que permita que llegue parte de ese SGP, como lo ha planteado el Gobierno en los ajustes que le pidió a ponentes y al Congreso.
Para hacer ese cierre de brechas, una opción, no la única, puede ser la creación de este fondo, que se alimentaría con parte del crecimiento de la bolsa del Sistema General de Participaciones.
Tiene que ver con el fortalecimiento de los tributos. Tendría que contemplarse y evaluarse la conveniencia de ese fortalecimiento de tributos regionales, pero ese es un tema obviamente que tiene que evaluarse también con el MinHacienda.
En general tendría que ser un paquete legislativo de mediano plazo, fruto de un acuerdo nacional que incluya muchos de estos temas del dominamiento territorial. O sea, el acto legislativo por sí solo es simplemente el punto de partida para avanzar en la autonomía territorial.
Es que nunca ha estado amenazada. Yo creo que hay unos tantos catastrofistas apegados al pasado, apegados a normas que ellos impulsaron en contra de la autonomía territorial y en contra de los departamentos y municipios a los que les pediría sensatez en el debate.
La ley de competencias siempre estuvo presente en el acto legislativo. Hoy hemos reforzado y hecho claridad en las modificaciones de que es condición indispensable, pero siempre ha estado planteado porque nadie puede proponer una transferencia de recursos a los departamentos y municipios sin sus respectivas competencias.
Yo creo que vamos avanzando muy bien en esa concertación con todos los sectores, es un trabajo muy serio y adelantado, que tengo que destacar también de los ponentes en la Cámara de Representantes, haciendo su trabajo con mucho juicio. Yo veo que en el Congreso hay la conciencia de que se necesitan las reformas.
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