“El mototaxismo no se puede avalar como transporte público”, MinTransporte

El Ministerio de Transporte es uno de los que más ‘chicharrones’ tiene a su cargo. Además de resolver los líos de los grandes proyectos de infraestructura, la ministra Ángela María Orozco dice que se necesita una mayor fortaleza para regular los temas de transporte. En Inside LR la funcionaria explicó qué pretenden hacer para ayudar a mejorar el transporte masivo en las ciudades y la conectividad de los municipios. Sobre plataformas como Uber, indicó que se revisará la norma para igualar sus cargas con las de los taxistas, al tiempo que descartó completamente avalar a los mototaxistas.

¿Va a haber un revolcón en las instituciones del sector?
Más que revolcón, el Ministerio es muy fuerte en sus entidades de infraestructura, por más que hayan estado paradas por todos los problemas que le trajo al sector Odebrecht. La parte institucional que es débil es la de transporte. Salvo por la Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio tiene concentrada todas las funciones: formulación de política, regulación, da los permisos. Ahí sí hay un tema legislativo por revisar, porque no puede ser la misma entidad la que formule política y regulación, necesitamos una comisión de regulación. Ojalá el Ministerio quede siendo un formulador de política y haya una comisión de regulación seria y fuerte.

La semana pasada anunció que el programa de chatarrización se amplió hasta junio del otro año. ¿Este plazo y los $400.000 millones disponibles serán suficientes para los más de 60.000 vehículos de carga por renovar?
El plazo tiene que ver con un compromiso legal que heredamos, y que está vinculado a que Estados Unidos puede quitarnos preferencias del TLC. Hay que diferenciar el programa de renovación del uno a uno.

Estamos construyendo el programa de renovación, que toma más tiempo, y, por ejemplo, en la ley de financiación debe haber una exención de IVA a los vehículos de carga; tiene que haber una reforma al programa de chatarrización; hay que tener unos créditos blandos para los dueños de uno a tres camiones, que son 60% de los registrados; y estamos terminando de recibir los insumos de todos los interesados, para que el programa sea lo más completo posible. Un programa como este no se va a dar en seis meses, eso lo tenemos claro, pero lo más importante es que sea robusto e incluyente, acorde con la realidad de los camioneros.

¿Desde junio estaría abierto el mercado de camiones?
Ese fue el compromiso que asumimos, el riesgo es que se le quiten los beneficios a las exportaciones colombianas.

Los sistemas de transporte masivo son insostenibles en algunas ciudades y actualmente siguen funcionando porque se mantienen con recursos públicos. ¿Cómo se enfrentará esta crisis?
En el mundo, los sistemas de transporte estratégico y masivos tienen un componente de subsidio en sus tarifas. Desde el plan de desarrollo, lo que podemos es ayudar a conseguir esos recursos, pero esa es una discusión que hay que dar: se ve como el problema de un alcalde y un concesionario, pero la gente tiene que entender que el transporte público es un tema de calidad de vida que la afecta, que debe funcionar y que deben pedirle a sus autoridades locales.

¿Van a regular el mototaxismo?
Es claro que el Ministerio no lo puede avalar como un mecanismo de transporte público, porque es un medio de transporte más peligroso. Cuando uno mira las estadísticas de transporte, la mitad de las víctimas son motociclistas. Repito, no puede ser un transporte público, pero lo que tenemos que lograr es que la gente que use la moto como su transporte particular utilice los implementos de seguridad.

¿Qué va a pasar con Uber?
Hemos creado un comité con el Ministerio de las TIC y el de Industria y Comercio para hablar de las reglas para las economías colaborativas. Con esas reglas transversales tenemos que empezar a revisar las soluciones regulatorias, porque hay que reconocer que tenemos un sector hiperregulado y otro sin normas. Las cargas se van a tener que equilibrar.

¿Se van a revisar los cupos de los taxis?
Vamos a hacer una revisión integral del tema.

¿Se mantendrá como está el metro de Bogotá?
Sí. Estamos ad portas de firmar los convenios para las dos troncales. Es una prioridad para la Nación.

¿Cómo va todo el proceso de la Ruta del Sol?
Los problemas legales no son exclusivos de Ruta del Sol II. En las 4G hay varios tribunales de arbitramento. Lo que hemos venido construyendo es un cuarto de reactivación económica, con la participación de todos los actores privados, y hemos ido identificando problemas y soluciones comunes. Ese documento está actualmente en revisión de la Procuraduría y esperamos muy pronto, en la última semana de octubre, hacer un anuncio sobre las acciones de descongestión de las 4G.

¿Cuántos tribunales de arbitramento son?
Son 31. De 4G son 11 y vienen dos más en camino, según me dicen los abogados.

¿Cómo encontró el túnel de La Línea y qué hace falta para terminarlo?
Tocó hacer un estudio para revisar la estructura de muchos viaductos, y hay que revisar varios. Lo que falta de recursos no son $250.000 millones, como se nos dijo en el empalme, sino $550.000 millones. En términos de fechas, el túnel estaría listo en mayo de 2020, pero con todos los trabajos complementarios la obra estaría lista recién a finales de 2020.

¿Cómo va la revisión de la APP para la navegabilidad del río Magdalena?Vamos bien, porque no hemos parado de trabajar. Lo que pedí es que la ANI y la FDN revisen la estructura y encontraron distintos elementos, como que en el sondeo de mercado que se hizo, los financiadores no le iban a prestar al proyecto, lo que nos hubiera dado nuevamente caducidad por falta de cierre financiero.

Desde ese momento empezamos a trabajar en el fortalecimiento técnico del proyecto; se involucró a la academia, a los interesados en el río, y no solo a la Anla, sino también al Von Humboldt, que está terminando de hacer un mapeo de impactos ambientales y sociales. Seguimos con el cronograma, esperamos estar al punto de la aprobación del Confis entre seis y ocho meses desde que asumimos el Gobierno.

¿Cuánto va a costar?
El valor que tenía con la estructura anterior era de $2,3 billones a valor presente neto, $3,6 billones nominales; pero esa revisión se está haciendo, no me comprometo con esa cifra.

Usted varias veces ha dicho que las 4G están desfinanciadas, ¿cuánto les falta?
Las obras han seguido, y las que tienen cierre financiero, tienen su financiación. El Gobierno va a cumplir sus compromisos. Cuando asumimos, el desfinanciamiento era de $1,9 billones para los proyectos ya contratados. Ese es un debate alterno a la ley del presupuesto, porque para todo el Gobierno estos son proyectos fundamentales, no solo por su efecto a largo plazo, sino por el crecimiento económico a corto plazo.

¿Cómo está la radiografía de las 4G?
Hay 12 obras con cierre financiero y cinco con crédito puente, esas están andando. Yo lo que digo es que eran proyectos muy bien conceptualizados, pero otra cosa es ejecutarlos. En la ejecución ha habido problemas, y sí puedo decir que en la resolución de esos problemas encontré inacción, decisiones que llevaban un año completo sin ser tomadas.

Por eso, lo que acordamos fue hacer un documento de política pública y un planteamiento de soluciones jurídicas que sean viables. Otro reto es que las comunidades se tienen que apropiar, tienen que sentir que los proyectos las benefician para que puedan salir adelante.

¿Cuándo estarán listos los peajes electrónicos?
Antes de este semestre no van a estar. Acá hay un tema tecnológico y de interoperabilidad, estamos en la revisión de esto y espero en el primer semestre del próximo año tener una propuesta de regulación clara.

¿Cuál es el proyecto para vías secundarias y terciarias?
Antes que nada, cabe aclarar que esas son responsabilidades de los entes territoriales, pero son fundamentales en conectividad. Estamos diseñando un programa de priorización con el DNP para sumar recursos de la Nación con los de los municipios. Estamos priorizando los proyectos que se han presentado a los Ocad, porque entiendo que ahí ha habido un cuello de botella. Queremos que en el Ocad de fin de mes se aprueben todos los proyectos posibles, y para eso nos ha tocado hasta renovar los equipos de estos temas.

Lo que nos hemos puesto como propósito es, primero, hacer que el tema sea de carácter urgente, porque los recursos de regalías están ahí, pero además apoyar el fortalecimiento de los proyectos. Por eso hemos dicho que queremos volver a Fonade un ente netamente estructurador de proyectos.

Para lo nuevo, lo que estamos trabajando un proyecto de priorización, bien sea económica o social, con un proyecto de Big Data que está llevando a cabo el DNP. También se está trabajando con Invías y estamos trabajando con nuevas tecnologías de materiales. Este trimestre esperamos tener estructurado el proyecto y luego vendrá el reto de analizar todas las fuentes de financiación. Esa es la idea: estructurar para que todos respondan a elementos como pliegos tipos y multiplicidad de oferentes.

Hay aeropuertos que ya necesitan una ampliación como El Dorado y el Rafael Núñez, ¿estos proyectos siguen en pie?
Sí, son iniciativas privadas presentadas en la ANI, y que están dentro de los términos de aprobación.

¿Durante este Gobierno se desarrollarán las vías férreas?
Lo primero que queremos hacer es poner en funcionamiento el corredor La Dorada - Chiriguaná, para tener una alternativa de La Dorada a Santa Marta. Hubo pilotos de carga, pero lo que no teníamos eran contratos de carga permanente. Esperamos a más tardar en febrero poner a andar la licitación para la terminación de obras y la regulación de operadores. Pasamos ya a hablar con Fenoco para ver cuáles serán las tarifas de paso. Buscamos una legislación que promueva el multimodalismo en el transporte.

¿Hay otros corredores por utilizar?
Está el ferrocarril del Pacífico, pero en este momento está en un trámite legal.

El perfil
Ángela María Orozco Gómez es barranquillera, abogada de la Universidad Javeriana, es magíster en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas, especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y también estudió en Yale. Se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior en 2002, presidenta de Proexport, gerente general e internacional de Asocolflores, abogada asociada en Araújo Ibarra & Asociados, y ha ejercido como miembro del panel de solución de diferencias internacionales de comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Antes de llegar al ministerio, fue presidenta de Asograsas.