El negocio de la producción de cocaína mueve alrededor de $6,33 billones cada año

El país recibió una noticia agridulce en el último reporte de áreas cultivadas de coca revelado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La investigación señaló que en 2019 hubo una disminución de 9% en las hectáreas cultivadas con hoja de coca, es decir, 15.000 hectáreas menos que en 2018 cuando el área cultivada fue de 169.000 hectáreas, a diferencia de las 154.000 identificadas en 2019. Esto significó una gran noticia pues desde 2014 la siembra venía en una curva ascendente. Sin embargo, el punto negativo y abre un nuevo debate sobre la configuración del mapa y la actividad cocalera en el país fue que la producción de clorhidrato de cocaína aumentó 1,5% y llegó a 1.137 toneladas métricas.

Para algunos el volumen de esta puede que no sea muy relevante en comparación con la caída en el área sembrada, no obstante, trae un impacto en el país y las economías de las zonas donde se produce, pues, según el reporte, esta producción movió alrededor de $6,33 billones en 2019.

Si aterrizamos este monto, pues equivale casi a lo que pretendía recaudar la Ley de Financiamiento en 2018 para financiar los programas sociales y el presupuesto del Gobierno.

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Lo que sustenta este aumento en la producción de cocaína, según los datos recogidos por esta Oficina, es que la lógica del cultivo cambió a raíz de la concentración de la coca en los enclaves productivos, pues en ellos está 36% del área sembrada. En otras palabras, estas zonas son los ‘distritos’ en donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico.

Los principales enclaves, que aceleraron la producción de la cocaína, están en el Catatumbo, en la frontera Tumaco-Nariño; en el Charco; El Naya; ValdiviaTarazá-Cáceres; Argelia-El Tambo y en la Frontera Putumayo.

El fenómeno de tener menos áreas cultivadas, pero mayor producción se explica, según Rafael Pardo, exministro y autor del libro La guerra sin fin, en que la coca puede ser más productiva, por ende rinde más, o también, porque hay variedades más productivas que antes.

Al revisar las cifras del informe de la oficina de las Naciones Unidas, resalta, además, que por la venta de la hoja de coca, la pasta básica y la base de cocaína producida en finca los cultivadores recibieron alrededor de $2,66 billones, distribuidos así: $1,21 billones obtuvieron los que vendieron la hoja de coca, y que equivalen a 52% del total de cultivadores; mientras que el otro 48%, quienes son los que procesan la hoja en finca y la convierten en pasta básica de cocaína, recibieron $1,44 billones.

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Este panorama de ingresos en los primeros eslabones de la cadena productiva, es decir, de los cultivadores demuestra que es necesario seguir con las políticas de erradicación. “La política ‘Ruta futuro’ propone el estudio del fenómeno y formula mecanismos para abordarlo, partiendo de las particularidades del territorio”, afirmó Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Algo particular se observó en el informe de 2019, pues confirmó que la hoja de coca que no se procesa en finca (que corresponde a 52% de los cultivadores) y se vende a actores ilegales necesitó de hasta de $2,12 billones para poder hacer la transformación en base de cocaína, mientras que el otro 48%, que se produce y posteriormente procesa en el alcaloide, necesito un gasto aproximado de $1,5 billones, casi $1 billón menos que en el otro escenario.

La explicación está en el margen que tienen los productores, pues según Pardo, se mantiene desde hace tres o cuatro años.

Este mercado ilegal impacta en la situación de las zonas donde están los enclaves y los mayores cultivos, pues, el presupuesto oficial de los 10 municipios más afectados por la coca representa apenas 34% del valor total de la producción potencial de la hoja de coca, pasta y base de cocaína que allí se produce.

Dicho esto, los cálculos oficiales también muestran un dato de orden más social que económico, pues se estima que en este mercado participan entre 124.600 y169.000 hogares, los cuales hacen parte de los costos necesarios para producir y procesar la coca.

Al revisar estos costos, por ejemplo, los agroquímicos podrían valer, para una producción de 518.500 toneladas métricas, cerca de $153.000 millones; las sustancias químicas, $827.000 millones; jornaleros y recolectores, $391.000 millones; procesadores del alcaloide, $22.000 millones; y un “impuesto” por la compraventa de la pasta básica y la base de cocaína, alrededor de $108.000 millones.

Pese a esto, hubo hitos en la reducción de hectáreas que se dio por zona geográfica. Según el informe hubo caídas en las áreas sembradas de Caquetá (-62%), Antioquia (-29%), Nariño (-12%), Bolívar (-7,5%) y Putumayo (-5%). No obstante hubo incrementos, pero que no contrarrestaron las reducciones, principalmente en Norte de Santander (24%) y Valle del Cauca (82%). Además, la siembra se ha disminuido en comunidades afro, indígenas y en otros resguardos.

Plan de sustitución de cultivos ha reducido 15.152 hectáreas
Según lo anunciado por el Gobierno, esta reducción de 9% en las áreas sembradas de coca se ha logrado gracias a dos políticas importantes: erradicación y sustitución. En esta última, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó que “el programa ha logrado la reducción de 15.152 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados de forma voluntaria y asistida. En total ya son 41.513 hectáreas sustituidas con el programa”. Además, aseguró que en este proyecto se han invertido $831.000 millones y beneficiado a 99.097 familias.