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El presidente de la Fduprevisora, Jhon Mauricio Marín renunció a su cargo en medio de quejas de docentes por la falta de atención
El recién implementado modelo de salud del Gobierno Petro para los docentes del magisterio no solo puso contra las cuerdas a cerca de 42.863 nuevos usuarios de la población de docentes, que presentaron al menos 2.100 quejas por problemas en la prestación del servicio, sino que también dividió a quienes desde el Gobierno lideraban el proceso.
Lo más reciente fue la salida del presidente de la Fiduprevisora Jhon Mauricio Marín, y sus declaraciones, conformarían las densas divisiones al interior de la entidad.
“Se empezaron a presentar diferencias técnicas con el Ministerio de Salud. Es necesario que se salvaguarde la costo-efectividad del modelo, y es donde también la Fiduprevisora alza las manos, y se crean las brechas con MinSalud”, dijo.
Y sostuvo, en diálogo con la FM de RCN, que el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, presuntamente desconoce cómo está configurado el Estado.
“Un modelo de este estilo, tiene que tener una arista de sostenibilidad en el tiempo. Si no, va a ser unos Power Point muy bonitos”.
El saliente presidente de la entidad explicó que el manual tarifario propuesto por la cartera de salud, estaba por fuera de lo ofertado por el mercado, ocasionando que las IPS rechazaran a los usuarios, que para este caso, son los maestros.
“Por ejemplo, en el mercado, un monitoreo cardiaco está en $5,06 millones y para los maestros en el tarifario del Fomag, pidió que se ofertara a $36.000”, sostuvo, al tiempo que indicó que ese modelo era insostenible en el tiempo.
De acuerdo con Anif, el nuevo modelo facultó a la Fiduprevisora para la administración y gestión de recursos, así mismo para la contratación con las IPS. El informe señala que pasaron de contratar con 1.500 proveedores de servicio de salud a 7.000, cifra que va en aumento, dado que el sistema permite que cualquier institución prestadora puede prestar los servicios, lo que para la Anif ha desencadenado en colapso de las capacidades administrativas de la Fiduprevisora.
Para actores del sector salud, entre las principales consecuencias de esta nueva implementación son, “la fragmentación de servicios, interrupción de tratamientos, mayores tiempos de espera para servicios y entrega de medicamentos y capacidad administrativa insuficiente”, reseña Anif.
También advierte el aumento de los costos para el sistema, teniendo en cuenta de que las IPS tendrán que facturar los servicios bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa Soat. Previo a todo lo ocurrido ,el Ministerio de Salud dijo que dicho modelo sería ejemplo para todo el Sistema.
Dijo, entre otros, que los impuestos y los subsidios, herramientas del Gobierno para enfrentar la pobreza, pueden fracasar en el largo plazo
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