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El proyecto establece que 42 m2 sea el estándar mínimo de la vivienda y para las constructoras la medida no se acoge a la realidad
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que radicó la alcaldesa, Claudia López, al Concejo, llamado ‘Bogotá reverdece 2022-2035’ y que define la hoja de ruta de cómo va crecer la ciudad en los próximos años, no plantea soluciones de fondo en materia habitacional y por el contrario reduciría la oferta de vivienda en la capital del país y encarecería su precio.
Esa es la principal consigna de los expertos al analizar el articulado de la iniciativa. Todo se debe a que el POT prevé que para los próximos 13 años se inicie la construcción de 580.000 viviendas pero el Dane proyecta para la capital del país la formación de un millón de hogares, por lo que habría un déficit de viviendas en la ciudad.
Así mismo, el POT determina que 42 metros cuadrados será el estándar mínimo de la vivienda social (VIP y VIS) y 30% del área habitable total de la vivienda será destinada a cuartos de habitación.
“Esa exigencia no se adapta a la nueva realidad del tamaño de los hogares. En Bogotá lo hogares de una y dos personas son cerca de 45% del total de los hogares y para que una persona pueda comprar un apartamento para vivir solo, no necesita 42 m2 y por el contrario prefiere pagar el punto, pero en este caso se está exigiendo que haya más área y eso va ir en detrimento del punto sobre todo en las viviendas que no son obligatorias en VIS o VIP”, aseguró Carlos Arango, presidente de Constructora Bolívar.
“Muchos constructores salen a competir con puntos buenos y áreas relativamente pequeñas pero con áreas comunes generosas, pero esa medida de estándar mínimo del POT va afectar la oferta de vivienda en la ciudad de bajo costo en momentos en los que han aumentado los hogares, por consiguiente se va generar un déficit de vivienda que lo que va hacer es que haya más vivienda informal o el desplazamiento de la gente a las afueras de la ciudad aumentando los tiempos de llegada los destinos de trabajo”, complementó.
Por otro lado, el gerente de otra importante constructora, que pidió no ser citado, le afirmó a LR “al exigir que las viviendas sean de 42 m2 y adicionalmente con las cargas de tierra que hay, va ser muy difícil que se hagan los cierres financieros de los proyectos. En el mundo hay otras formas de incentivar la construcción de vivienda dando unos beneficios y así debería ser acá en Bogotá para incentivar esa construcción o de los contrario será difícil”.
“Se va a generar un déficit de vivienda y eso hará que haya más vivienda informal en Bogotá o que se de un desplazamiento de la gente hacia las afueras de la ciudad”.
De igual manera, para Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, “garantizar la vivienda que necesitan los bogotanos, especialmente la población más vulnerable, significa habilitar el suelo para su desarrollo, pero además generar las condiciones para la viabilidad de los proyectos, permitiéndoles a los bogotanos decidir en qué parte de la ciudad quieren vivir, sin que sean expulsados a buscar soluciones fuera de la ciudad o en los riesgos que para todos representa la informalidad”.
El Concejo de Bogotá tiene un plazo de 90 días, es decir, hasta diciembre próximo, para debatir y aprobar el proyecto.
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