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Los problemas alrededor de la propiedad y la concentración de la tierra en manos no propiamente campesinas son el origen de dos propuestas que están hoy en el centro de la discusión de la que sería la cuarta Reforma Rural Integral (RRI).
La creación de un Fondo de Tierras y la actualización del impuesto predial serían claves para reducir el índice Gini de desigualdad rural que hoy se ubica en 0,86.
En el primer caso se trata de un mecanismo de concesión gratuita de predios provenientes de extinción de dominio, lotes baldíos recuperados, expropiados, donados y nuevos espacios provenientes de la delimitación de la frontera agrícola.
“Por ahora hay un banco de tierras con 25.000 hectáreas disponibles”, dijo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al tiempo que advirtió la importancia de identificar la vocación agrícola de cada región.
En cuanto al impuesto, se crearía un sistema para que los municipios fijen unas tarifas acordes con el principio de progresividad (el que más tiene, más paga) de acuerdo con la información de la actualización catastral.
Es así como se espera se reversen los efectos del conflicto a través de un cambio en las condiciones de bienestar de la población del campo. “La RRI debe erradicar la pobreza, promover la igualdad y garantizar la no repetición del conflicto”, versa el documento elaborado en conjunto por el Gobierno y las Farc.
Sin embargo, entre los académicos y expertos no es claro cómo se va a lograr el acuerdo que además de legalizar la tierra busca distribuirla de manera equitativa y analizarla para encontrar su vocación adecuada.
El economista experto en desarrollo agrario José Leibovich dijo tener dudas de cómo se va a concretar el Fondo. “En los últimos años las entidades del Estado han operado en desorden y no han generado desarrollo. Sin un esquema organizado, consistente y coherente no se hará bien la tarea. En el papel la idea es clara pero tampoco se especifica de dónde van a salir todas esas tierras que están planteadas”.
Por su parte, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo manifestó que esas políticas no deben depender del avance de los acuerdos agrarios de La Habana, sino que hay que avanzar desde ahora “para atender la transformación productiva por venir”.
Desde la perspectiva de los integrantes de la mesa de diálogo alrededor de la paz, la economía campesina y comunitaria son fundamentales para el desarrollo del campo porque aportan a la erradicación de la pobreza, la generación de empleo y la producción de alimentos.
En ello coincide el economista experto en agro de la Universidad Javeriana, Ricardo Argüello, quien argumenta que las explotaciones familiares son más eficientes. Sin embargo, tiene dudas de que sea una reforma ambiciosa que cambie el modelo hasta ahora conocido.
No es suficiente...
Si bien el acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente. “Deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural y la provisión de bienes públicos que brinden bienestar”.
En palabras del jefe de la delegación del gobierno en la mesa de conversaciones, Humberto de la Calle, “estos acuerdos representan transformaciones necesarias para sentar las bases de la paz y para asegurar que el conflicto no se repita”.
En consecuencia, se aseguraría la competitividad y productividad de los cultivos mediante acompañamiento a financiación, infraestructura, asistencia técnica y comercialización.
Los actores también coinciden en que todos los programas acordados deben tener un enfoque territorial considerando las necesidades y particularidades de los territorios.
Calidad de vida y desigualdad
Los primeros resultados de la Misión para la Transformación Rural, resaltan que el sector agropecuario mantiene la misma estructura productiva desde hace 20 años. Según Álvaro Balcázar, exdirector de la Unidad Especial para la Consolidación Territorial, “para construir equidad y justicia social es imprescindible redistribuir la propiedad”. Más si se considera que la baja calidad de vida está relacionada con el hecho de que 77,6% de la tierra está en manos de los empresarios, según un estudio de la Universidad de Los Andes.
Las opiniones
José Leibovich Goldenberg
Economista experto en desarrollo agrario
“Con lo que publicó el Gobierno no se puede medir el alcance de la reforma porque no hay una propuesta en términos cuantitativos, eso me dice que no hay un planteamiento”.
Aurelio Iragorri
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
“En 280 municipios el conflicto ha pegado tan fuerte que nadie quiere invertir en el progreso de la zona, ese abandono explica por qué la gente del campo es tres veces más pobre”.
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