El promedio de los últimos tres años determinaría el precio base del arroz

A pesar de los buenos resultados de producción de 2017, los arroceros siguen alerta por diversos factores como el precio del grano y las importaciones. Con la más reciente crisis, en abril, el Gobierno logró conjurar un paro del sector con la garantía de un precio mínimo en el que los industriales le compran el arroz a los cultivadores. Ese valor ya se encuentra plasmado en un documento preliminar, que sería el texto del borrador de la resolución que dictaría las nuevas normas para el comercio del grano.

De acuerdo con uno de los apartes del documento, que todavía no ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura, este precio base de compra sería definido a través de una fórmula que en principio se basa en el promedio de precios de los últimos 36 meses, aunque ese valor variará dependiendo de la región.

Esto quiere decir que no habría un solo precio mínimo, sin embargo, si se toma como referencia el promedio de arroz paddy por tonelada de los últimos tres años, para el total nacional (con base en los datos de Fedearroz), el precio para 2018 sería de $1,1 millones, si se estableciera la base en este momento.

La queja de los industriales sobre la medida tiene que ver con el efecto que traería en los precios finales, ya que, dada la importancia del grano en la canasta familiar, un alza en su valor tendría un fuerte impacto inflacionario, si se tiene en cuenta que en lo corrido de 2018 se está negociando la tonelada de arroz en precios cercanos a los $945.000

El presidente de la Cámara de Induarroz de la Andi, Silverio Gómez, consideró que es una medida arbitraria, que “introduce una distorsión en el mercado, pues al establecer un precio artificial, el consumidor asumirá un injusto sobreprecio”. Además, señaló que aún no se conocen las cifras reales de siembra y producción.

Otro de los factores que pesa para la oposición, no solo de los industriales, sino de los productores del grano, tiene que ver con el número de existencias, que ha arrojado una reducción en los últimos meses. En marzo, por ejemplo, hubo una reducción de 12,4% en el arroz paddy almacenado y para junio ya se proyecta una caída de 39,2%.

Los productores, por su parte, creen que el precio mínimo funcionaría si hubiera incentivo al almacenamiento, hecho que no se incluye en el texto que se está construyendo entre el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros actores que participan.

Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, indicó que “a largo plazo se bajan los precios a los productores, porque en los últimos tres años se promedia por lo bajo”, si se tiene en cuenta que 2015 fue un año de buenos precios pero, a partir de 2016 los precios vienen cayendo. Si se tiene en cuenta que la medida busca que los 36 meses sean dinámicos, cada año bajarían más los ingresos de los productores.

Por eso, una de las medidas que se tomó este año fue reducir la producción, para buscar estimular el precio, ya que el aumento en la oferta, sobre todo de los últimos años, afectó los ingresos. De acuerdo con proyecciones de los industriales, el área esperada de siembra para este año es de 518.000 hectáreas, cifra menor que las 595.000 hectáreas que se registraron en 2017 y que las 570.000 hectáreas de 2016, aunque la cosecha real se conocerá hasta junio.

Por parte del Ministerio, lo que se ha indicado es que se continúan los trabajos para ayudar al sector, como ya se ha hecho en las reuniones celebradas durante abril, donde se hicieron los acuerdos que hoy inquietan a los productores y a los comercializadores del grano, los cuales esperan una mejor solución.

Requisitos para importar será otro punto cuestionado

Dentro del documento que está en construcción, el Ministerio de Agricultura establece que, para poder acogerse a las importaciones dentro de los contingentes que hace parte de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Ecuador, los industriales deberán comprar antes a los productores locales, con el precio base que sea fijado, hecho que no agradó a Induarroz, pues el Ministerio, con esta decisión, “se está atribuyendo funciones que no tiene en materia de comercio exterior y compras públicas”.