El recaudo con el ajuste a la retención en la fuente sería de casi una reforma tributaria

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto sobre la modificación de las tarifas de retención en la fuente, a título de impuestos sobre la renta y complementarios, esto sin excluir la posibilidad de autorretenedores que sean sujetos a la deducción habitual.

Según los analistas, el Gobierno espera recaudar entre $7 billones y $20 billones. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, estimó que las nuevas tarifas implicarían un adelanto de impuestos para 2026 de $13,9 billones, es decir, 0,8% del PIB, lo que además de generar un hueco fiscal en 2026, según sus palabras, también equivale al monto de la tributaria que se hundió en el Congreso en diciembre del año pasado.

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“El aumento de retenciones usualmente se da cuando hay una reforma tributaria que eleva los impuestos. En ese caso, las mayores retenciones ayudan a suavizar el efecto en caja del sector privado. En la actual coyuntura, en la cual no tenemos una nueva reforma, el efecto de las retenciones sobre la liquidez de las empresas puede ser el contrario”, expresó en redes sociales el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Jose Ignacio López.

Las cifras de lo que el Ejecutivo planea recaudar varían. El economista jefe de Banco del Occidente, David Cubides, aseguró que el plan es generar una tributación de $7 billones; mientras que el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Jairo Villabona, expresó que la meta no está por debajo de $15 billones. Pero todos recalcaron que la medida crearía problemas de liquidez, particularmente en las empresas.

“Para las compañías, especialmente las pequeñas y medianas, adelantar el pago de impuestos significa destinar recursos que podrían haberse invertido en sus operaciones generadoras de renta y en su expansión, esto puede significar una diferencia entre poder continuar desarrollando la actividad o mantenerse estancado por anticipar el pago de impuestos”, afirmó María Alejandra Buitrago, socia en Capra Legal.

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Luego, destacó que “este impacto es aún mayor cuando se obliga a las empresas a liquidar el anticipo de impuesto de renta equivalente a 75% del impuesto del año gravable que se declara, el cual no siempre se materializa porque cada año la situación financiera puede ser diferente”, dijo.

La jurista señaló que esto reduciría el ingreso disponible mes a mes y afectaría la capacidad de consumo y ahorro de esta población. El anterior panorama podría comprenderse bajo los términos del director de Fedesarrollo, quien afirmó que el decreto “es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir gastos de 2025. La única salida es recortar el gasto”.

“Esta carga podría reducir el ingreso disponible durante 2025, afectando negativamente el dinamismo económico. A ello se suma la elevada incertidumbre global, que impone retos para las empresas, especialmente aquellas pertenecientes a sectores con alta exposición externa, como el agropecuario y el minero-energético”, dijo César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Impacto en el sector energético

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“Este sector tiene una tarifa del adelanto de retención en la fuente más alta que el promedio de los demás sectores. Mientras que en lo estimado de la economía, la tasa es en promedio 1,7%, las actividades del sector como extracción de carbón y extracción de gas asumirían una tasa de 4,5%, mientras que la producción de petróleo tendría una tasa de 2,7%”, expresó Fabián Osorio, el director de análisis sectorial y sostenibilidad de Corficolombiana.

A lo que añadió que el sector está viviendo una compleja situación por la caída de los precios internacionales tanto del petróleo como del carbón, ya que, en los últimos 15 días, los precios del brent bajaron 13,6%, mientras que los precios del carbón disminuyeron 5,7%. Por lo que el adelanto en la retención en la fuente pondría presiones adicionales, manifestó.

Argumentos del Gobierno

En el decreto de MinHacienda se mencionó que el ajuste reafirma el interés de la administración por “adecuar el recaudo a la realidad económica”, y se concluyó que la tarifa de autorretención no evoluciona en consonancia con el impuesto que se paga, lo que genera un costo de oportunidad.