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De tener hoy un recaudo de $7,3 billones anuales, los municipios pasarán a recaudar $10 billones cuando todos los predios estén actualizados
Hoy en día tan solo 5,68% del área del país cuenta con un catastro actualizado y de llegar a saber quién es el propietario de todos los predios del país, meta que se espera cumplir en 2025, los municipios podrían elevar sus recaudos sin necesidad de crear nuevos tributos.
Y es que con la implementación de la nueva política de catastro multipropósito que avanza el Gobierno, se espera que una vez queden actualizados todos los predios los municipios generarán hasta $2,7 billones adicionales, al incrementarse el recaudo total de los actuales $7,3 billones anuales a $10 billones en 2025.
Además, hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye ningún incremento al recaudo del Impuesto Predial Unificado de los municipios que actualmente ya realizan su propia gestión catastral como son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Al igual, tampoco contempla el recaudo adicional que el Gobierno recibiría a través de un mayor impuesto de renta, del impuesto de Industria y Comercio (ICA) o de otros como la plusvalía o la valorización.
“Solo con actualizar el catastro, los municipios van a generar fuentes de ingresos adicionales sin tener que aumentar los impuestos. Por ejemplo, Barranquilla incrementó en 25% sus ingresos con la actualización de los predios. Antes el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hacía la actualización catastral, ahora cualquier entidad lo podrá hacer. Estamos trabajando en diseñar un proyecto tipo para que los alcaldes puedan utilizar los recursos de regalías para actualizar el catastro y que se cuente como una inversión”, manifestó Gloria Alonso, directora saliente del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Para iniciar con la actualización de los primeros 360.000 predios entre los que se encuentran hasta 70 municipios Pdet, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedieron un crédito por valor total de US$150 millones que será ejecutado por el DNP en conjunto con el Igac, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).
Además de contribuir al fortalecimiento fiscal de los municipios, estas operaciones de crédito ayudarán a contar con información exacta del territorio en términos de uso y propiedad lo que, a su vez, permitirá diseñar políticas públicas. Es por esto que el catastro multipropósito ha sido definido como un servicio público.
“Se trata de un gran sistema de información que permite planear el territorio. Habrá información minera, ambiental, de las comunidades étnicas, de riesgos, de servicios públicos, de vías... En la medida en que tengamos todo ello, el territorio será más fácil de gestionar. Hoy se calcula que 28,32% del área está sin actualizar, pero como esta cifra está subestimada podría llegar, incluso, hasta 50%”, explicó el alto consejero presidencial, Carlos Enrique Moreno, quien ha estado al frente de esta iniciativa.
Y es que esta nueva política incorpora un componente tecnológico con uso intensivo de imágenes satelitales de alta definición, que permitirán identificar de una manera más precisa los predios por lo que sus titulares podrán acceder a servicios financieros y otras ofertas.
“Cuando en una sociedad no hay un registro efectivo de la propiedad se presta o para la ilegalidad o para la informalidad y se afectan las finanzas territoriales, los derechos de los ciudadanos, la planificación oportuna sobre el uso de la tierra y la gestión ambiental de muchos territorios”, señaló el presidente Iván Duque el día que se firmó la operación de crédito con el Banco Mundial.
Esta organización del territorio beneficiará, sobre todo, a los campesinos quienes podrán tener títulos de propiedad raíz y ayudará a resolver el problema de la tenencia de la tierra en el país en donde este recurso ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social.
“Vamos a ser un país de propietarios. La Agencia Nacional de Tierras podrá empezar un proceso masivo de adjudicación de predios. Eso significa que un campesino que lleva años en una finca y lo único que tiene es una foto, podrá tener un título de propiedad con el que tendrá derechos”, opinó Moreno.
Creación de gestores catastrales
Otro punto importante de esta nueva política será la habilitación de gestores catastrales que tengan capacidades para asumir su propia gestión. Si bien anteriormente el Igac era el que se encargaba, desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo los municipios pueden habilitarse como gestores y, de esta forma, serán ellos mismos los que de forma autónoma manejen su catastro.
“Ya inició la modernización del Igac al mismo tiempo que gestores catastrales como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá pueden iniciar y prestar el servicio al municipio que se lo demande”, informó Alonso.
En ese sentido, la directora del Igac, Evamaría Uribe Tobón, ha repetido en varias ocasiones que hay 522 municipios que por falta de capacidad institucional no podrían encargarse directamente de la gestión de su catastro lo que llevará a la entidad a asumir esas funciones. “Esperamos que estos 522 municipios estén actualizados a 60% en 2022 y a 100% en 2025”, dijo.
Los lineamientos que contempla la política de actualización del Gobierno
Los principales instrumentos de planeación para delinear esta nueva política catastral son el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Conpes 3958. En el primero se estableció el catastro como servicio público y se indicó que el Igac es el regulador catastral nacional, entre otros. Por su parte, el Conpes detalla que se tiene que contar con una ruta clara para su implementación: en donde para todos sea claro qué es el catastro, cuáles son sus beneficios y cómo se lograrán cumplir con las metas a 2022 (60%) y a 2025 (100% del territorio).
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