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En el foro LR ‘Racionamiento que acecha’, expertos del sector energético analizaron los posibles riesgos ante un eventual déficit
El déficit de abastecimiento en el mercado energético es un escenario posible en la coyuntura actual, en el que uno de los riesgos más inminentes es el posible retraso en la entrada en funcionamiento del proyecto Hidroituango, la generación de energía en firme por cuenta de los proyectos de energía renovable y la posible alza en las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales.
Con miras a analizar estos y otros posibles riesgos en la cadena, LR realizó el foro ‘Racionamiento que acecha’, en el que expertos del sector debatieron aspectos como la dependencia de Colombia a la generación hidroeléctrica, los problemas de transporte de energía, el componente de demanda y otros factores que dejan al sector propenso a la vulnerabilidad.
Una de las expertas participantes fue Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, quien afirmó que conforme al aumento en la demanda, consecuencia de la reactivación económica, existe incertidumbre y preocupación ante una posible alza en los costos al consumidor final.
Frente al racionamiento, “en los análisis que hemos hecho hay una baja probabilidad de que se dé un racionamiento en el corto plazo (2023), pero no se pueden descartar cambios en las condiciones del sistema. Estamos en un estado de alerta, ya que si no se mantienen las condiciones, se entraría a la etapa de riesgo", puntualizó Fonseca.
Ligando la situación al posible retraso en la entrada en operación de EPM, el exministro de Minas y Energía y presidente de Asofiduciaria, Germán Arce, afirmó que derivado de la contingencia en 2018 el sistema salió a remplazar esa energía, pero se debe asegurar su entrada en operación.
“El sistema reaccionó, hay una adjudicación que permite cubrir los 1.200 MW de Hidroituango en ese momento. Las decisiones de 2018 afirmaron que este riesgo no lo puede cubrir el sistema, después de ejecutar un proyecto en 10 años, es algo que no se puede remplazar. El sistema permitió remplazar esa energía en firme”, aseguró Arce.
Frente a los estragos en el sistema energético que pudiera causar la no entrada en operación de Hidroituango, Claudia Navarro, socia de Brigard Urrutia, afirmó que la decisión de la Contraloría va a activar aún más ese riesgo de un racionamiento de energía.
Así se refirió a la visión de los inversionistas. “Lo que está viendo la Contraloría es un detrimento de los recursos públicos gigante. Debido a esto hay una inhabilidad para contratar por parte de los investigados”.
Para enriquecer el debate, Luis Guillermo Vélez, docente e investigador de la Universidad Eafit y crítico en el tema de Hidroituango y el papel de EPM, aseguró a su turno que a pesar de que la obra va en 85% de avance, podría crecer la demanda de energía o presentarse un fenómeno del niño en días venideros, lo que haría que la generación hidráulica de un mes se redujera a la mitad.
Partiendo de todas estas variables, los expertos afirmaron que el costo del complejo hidroeléctrico podría al final ser asumido por los consumidores finales de no tomarse medidas atinentes.
En este sentido, Vélez recalcó que teniendo en cuenta el efecto contractual de precios, de haber entrado la generación de Hidroituango en 2018, el precio en bolsa habría sido 25% más bajo que el evidenciado en los últimos meses.
Y es que no solo surge la necesidad de analizar las variables propias del sector ante un posible desabastecimiento, también es pertinente traer temas endógenos y estructurales que permitan dar respuesta a la generación, de acuerdo con el postulado de la presidente de Asoenergía.
Esto haciendo referencia a que, con el fin de evitar el racionamiento, depende no solo de Hidroituango, sino de que no se retrasen otros proyectos para lograr el balance y factores que mejoran la confiabilidad.
“Depende de factores como de que llueva suficiente, que la interconexión con Ecuador sea óptima y la demanda pueda reaccionar adecuadamente", afirmó Fonseca.
Así, dentro de los factores a tener en cuenta también está la inestabilidad en los sistemas de transporte y y el atraso de otros proyectos que esperan contribuir a la matriz, como lo es el proyecto Termocandelaria.
En este punto, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, hizo mención a que las energías renovables también sirven de respaldo a las renovables.
Explicó que “todos sabemos que los proyectos de renovables están llamados a servir de respaldo a la generación convencional. Depender de la generación hídrica nos expone, por el cambio climático”, y frente a este último punto, manifestó que así como la generación hidroeléctrica es una de las mayores fortalezas de la matriz energética, así mismo, es su talón de Aquiles a raíz de la dependencia e intermitencia con la fuente.
Ahora, si bien se descarta un apagón por deficiencia, afirmó Acosta, el daño por el atraso de Hidroituango ya está hecho y ha repercutido en un aumento en los precios al consumidor final, lo que impacta directamente sobre los niveles de reactivación económica.
La situación empeora y deja más vulnerable el sistema eléctrico nacional, si se tiene en cuenta que el incremento en la cotización del kilovatio puede ser mayor. Esto debido a que “hoy tenemos los precios internacionales del gas y del carbón por las nubes, y la energía que está dejando de suministrar Hidroituango se tiene que suplir apelando a la energía térmica; y esa energía térmica consume gas y carbón de alto precio, que se traslada en la tarifa al usuario final”, manifestó el exministro.
Viendo este panorama, la directiva de Asoenergía intervino diciendo que los usuarios ya están sufriendo retrasos en transmisión, lo que da paso a que un gran usuario que demanda energía eléctrica, desde el punto de vista de costos, también dependa de su propia autogeneración que requiere ser validada por el sistema.
Afirmó que no se están dando los mecanismos para que estos grandes usuarios puedan entrar al manejo de riesgos. En línea con su opinión, también se dependerá de la disponibilidad del gas y del GLP.
Sin embargo, el punto de vista técnico no es el único que se ve amenazado. La inversión es otro de los ejes que podría verse transgredido de no solucionarse aspectos que no hacen parte de la institucionalidad.
Referente a este hito, Alejandro Mesa, socio del área de práctica de energía, minería e infraestructura de Baker McKenzie, señaló que a pesar de existir una estructura en regulación sólida en materia eléctrica, procedimientos como las consultas previas y los temas relacionados con las comunidades afectan la atracción de inversión.
“Lamentablemente en la agenda legislativa ha podido salir la Ley Estatutaria de Consultas Previas, y eso se constituye como un problema serio para los inversionistas para adelantar proyectos”, apuntó Mesa.
Ante los líos legales, Amylkar Acosta explicó que además surgen temas como la adquisición de predios y las licencias ambientales, por lo que consideró que hace falta una territorialización de la transición energética que establezca reglas de juego.
La ejecución de los proyectos debe tener una correcta planificación
Como punto adicional, los analistas coincidieron en que hay que “sincerar” la planeación de los proyectos de generación energética.
Al respecto, la directora de Asoenergía, Sandra Fonseca, manifestó que “no podemos seguir pensando que las líneas de transmisión se hagan en dos años y los proyectos en cuatro años. Hay que sincerar periodos de desarrollo de infraestructura energética, para que incorporemos suficientes proyectos y que no estemos en la situación de racionamiento”, así mismo con problemas laterales y legales.
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