En Colombia 3 millones de personas ganan el mínimo, lo que es 15% de la población

El salario mínimo en Colombia ha sido un tema recurrente de debate debido a sus implicaciones económicas y sociales. En 2023, el gobierno de Gustavo Petro aprobó un aumento histórico que buscaba mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad.

Sin embargo, este incremento generó preocupaciones en el sector empresarial, que advirtió sobre posibles efectos negativos, como la pérdida de empleos y una mayor informalidad laboral.

De los 24 millones de personas económicamente activas en Colombia, 43% (10 millones) perciben ingresos inferiores a un salario mínimo, mientras que 15% (3,3 millones) devengan exactamente un salario mínimo.

Además, 23% (5,3 millones) ganan más de un salario mínimo, 8% (2 millones) reciben más de dos salarios mínimos, y solo 4% (930.000 personas) tienen ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, evidenciando la desigualdad en los niveles de ingreso del país.

Para 2025, las negociaciones sobre el salario mínimo han sido tensas. Sin lograr un consenso entre las centrales obreras, que proponen incrementos significativos, y los empresarios, que abogan por ajustes más moderados, el gobierno anunció que establecerá el aumento por decreto. Esta decisión ha generado críticas al considerarse como un retroceso en el diálogo social.

Martín Jaramillo, docente de la Universidad Javeriana explicó que el impacto del salario mínimo en la reducción de la desigualdad es limitado.

"En Colombia, menos de 10% de la población gana exactamente el salario mínimo, mientras que cerca de 50% percibe ingresos por debajo de este. Esto significa que el salario mínimo no afecta a los sectores más vulnerables y beneficia principalmente a una clase media trabajadora", aseguró. Según Jaramillo, esto se debe a que un gran porcentaje de los trabajadores pertenece a la economía informal, donde no se aplican las regulaciones laborales.

Por su parte, David Fernando Varela, profesor de la Universidad Javeriana, destacó las marcadas diferencias entre las zonas urbanas y rurales. "En las áreas rurales, una proporción mayor de trabajadores recibe el salario mínimo o menos, debido a la informalidad y la concentración en actividades agrícolas. En las ciudades, los ingresos tienden a ser más altos, pero el costo de vida también es mayor", explicó.

En cuanto al impacto en las pequeñas y medianas empresas, pymes, Jaramillo señaló que estas enfrentan desafíos adicionales. "Las empresas formales deben ajustar sus precios para asumir los costos del aumento del salario mínimo, pero muchas no pueden hacerlo debido a la competencia de negocios informales o internacionales, lo que las pone en riesgo de quiebra", comentó.

Por otro lado, el poder adquisitivo sigue siendo un desafío para millones de colombianos. Varela explicó que "el salario mínimo no suele cubrir el costo de la canasta básica familiar, especialmente en zonas urbanas. Además, los incrementos salariales pueden generar inflación, neutralizando cualquier mejora real en los ingresos de los trabajadores".

Aunque el gobierno ha enmarcado sus propuestas de aumento en una visión de justicia social, expertos como Jaramillo consideran que estas decisiones deberían estar acompañadas de medidas que impulsen la productividad y la formalización laboral. "Los aumentos generalizados y desmedidos del salario mínimo no toman en cuenta las diferencias entre regiones y sectores, lo que puede generar desigualdades adicionales", afirmó el economista.

En este contexto, la política salarial de Colombia enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre garantizar ingresos dignos y evitar efectos adversos en la economía. La discusión no solo se limita a cifras, sino también a cómo estas decisiones impactan a diferentes segmentos de la población y sectores productivos en un país con profundas desigualdades económicas.