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Desde 2012, se han hecho seis reformas tributarias, tres durante el mandato de Juan Manuel Santos y tres durante el gobierno de Iván Duque
Con la llegada de un nuevo gobierno a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, el país se prepara para una serie de cambios y posibles reformas. Una de ellas es la tributaria de la que se ha discutido desde la campaña e incluso ha hablado el equipo económico del electo presidente, Gustavo Petro. Esta se sumaría a otras seis reformas de esta naturaleza que se han hecho en los últimos 10 años.
Desde 2012, cuando asumió la presidencia Juan Manuel Santos, el país ha pasado por seis procesos similares, tres en sus ocho años de mandato y tres en los cuatro años del Gobierno de Iván Duque. Con esto, en promedio, cada 20 meses el país tiene una tributaria, aunque en el último Gobierno este promedio se acorta hasta 16 meses por ley.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que esto se debe a que si bien ha habido intentos en los gobiernos anteriores, estos no han sido suficientes para generar una estabilidad fiscal. “Esto no es algo común en los países, que haya reformas a tan corto tiempo, esto puede afectar la inversión, no porque las normas no sean claras sino porque cambian constantemente”, señala.
En 2012, el gobierno de Santos movió la primera de esta serie de reformas. Su intención era incentivar el trabajo formal y promover la equidad. Por ejemplo, a los empleadores se les redujo los gastos de nómina por medio del impuesto de la renta para la equidad (Cree) que sustituía la contribución de ciertos parafiscales, entre otras disposiciones. No obstante, se trababa de una regulación neutra en recaudo.
Esto llevó a que en 2014 se llevara a cabo otro proceso, explicado de acuerdo con el Observatorio Fiscal, por el desplome en el precio del petróleo. Dentro de los cambios se cuenta el retraso del desmonte del 4x100 y una sobretasa al Cree.
“Hay un tema que no se discute tanto y es la evasión por parte de las personas con mayores ingresos, que puede representar hasta 8% del PIB ”.
“La nueva realidad económica sumada al ajuste fiscal ordenado de las finanzas públicas logró cerrar la necesidad coyuntural de hacer una reforma tributaria”.
Sin embargo es en 2017 cuando se da el principal ajuste, pues se aumentó el IVA de 16% a 19% y el 4x100 es instaurado de forma definitiva. Reyes asegura que significó una mejora importante en materia de recaudo y una mejora en la salud de las finanzas.
Esto no evitó que el gobierno de Iván Duque promoviera en 2018 una tributaria que fue declarada inexequible. Se trataba de un proyecto que revivía el impuesto al patrimonio y aumentaba el impuesto de renta para las personas de mayores ingresos. Esto llevó a que en 2019 se impulsara un segundo intento que se llamó la Ley de Crecimiento que creó la devolución del IVA para lo hogares más vulnerables, los tres Días sin IVA y creó una reducción de aporte por parte de los pensionados.
Sin embargo la pandemia generó la necesidad de una nueva reforma que le permitiera al gobierno financiar el esfuerzo fiscal de los programas de apoyo que se generaron. Dentro de los ajustes se cuenta que el impuesto de renta corporativa se aumentó a 35% y la sobretasa de este para entidades financieras de tres puntos porcentuales se extendió. Así mismo se hizo un énfasis en la lucha contra la evasión, y se impuso la facturación electrónica.
Si bien el saliente ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo ha afirmado que ahora no es tan urgente una tributaria, el equipo económico ha asegurado que promoverá la que sería la más grande de la historia, que buscaría $50 billones.
Los componentes de la que sería la séptima tributaria desde 2012
Desde la campaña, el ahora presidente electo, Gustavo Petro, ha hablado de promover una reforma de $50 billones, la que sería la más grande de las que se han realizado. Dentro de los cambios que incorporaría se cuenta el impuesto al patrimonio para las personas con más de $1.000 millones, los activos improductivos estarían gravados y se eliminarían las exenciones, aunque el IVA no sería aumentado. Otro de los ejes sería la lucha contra la evasión, cuyo costo es cercano a 8% del PIB, mayor a lo que el nuevo gobierno pretende recaudar con esta nueva reforma.
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